Una coalición de 22 estados denuncia amenazas del DOJ y defiende la soberanía estatal ante medidas “ilegales”
El estadunidense Alex Pretti, el segundo fallecido en Minneapolis por agentes de ICE. Foto: EFE
Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a otros 21 fiscales generales, denunció un intento del Departamento de Justicia (DOJ) de coaccionar al estado de Minnesota para entregar datos confidenciales y desmantelar políticas locales de seguridad pública.
En una carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, los fiscales calificaron la exigencia como un “intento de justificar una operación federal preocupante”. La misiva responde a una carta enviada el 24 de enero por Bondi al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la que, sin pruebas, se acusaba al estado de permitir fraude y se exigía una serie de acciones drásticas a cambio de retirar a los agentes federales desplegados.
La fiscal James afirmó: “Nos negamos a ser intimidados por estas amenazas y rechazamos sus demandas ilegales que infringen la soberanía fundamental de Minnesota”.
La carta denuncia que las demandas federales, incluyendo el acceso a datos de Medicaid, SNAP y votantes, son “incompatibles con los principios fundamentales de nuestro sistema federal”. La coalición también destaca que la carta de Bondi coincidió con el segundo tiroteo mortal en dos semanas por parte de agentes federales en Minneapolis, lo que agrava la preocupación sobre el despliegue “descontrolado” de fuerzas federales.
Según los fiscales, este tipo de intervención no ha traído seguridad, sino “miedo, caos y violencia” en los barrios de Minnesota. Advierten que la presión federal podría entrar en conflicto con procesos judiciales en curso y con medidas ordenadas por los tribunales.
La coalición insta a la administración federal a detener esta “campaña peligrosa e ilegal” antes de que haya más víctimas, y se compromete a seguir defendiendo la soberanía de los estados y los derechos civiles de sus residentes.
Firmaron la carta, los fiscales generales de Nueva York, California, Illinois, Michigan, Virginia, Nueva Jersey, entre otros, y el Distrito de Columbia.
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