La gobernadora presenta Ley “Policías Locales, Delitos Locales” para proteger derechos constitucionales, prohibir redadas migratorias con apoyo local y reforzar la seguridad comunitaria sin interferencia federal
Sala de Redacción | New York Hispano
La gobernadora Hochul anunció hoy la presentación de una legislación integral para proteger a los neoyorquinos, fortalecer las salvaguardas constitucionales y prohibir que las fuerzas del orden locales sean delegadas por ICE para la aplicación de leyes federales de inmigración civil. La legislación eliminaría los acuerdos 287(g), prohibiendo que la policía estatal y local actúe como agente federal o utilice recursos o personal financiados por los contribuyentes para hacer cumplir la ley federal de inmigración civil. También prohibiría que agentes federales utilicen centros de detención locales para la aplicación de leyes migratorias civiles, redadas masivas o el traslado de personas detenidas.
La propuesta de la gobernadora se basa en legislación reciente presentada como parte de su agenda del Mensaje del Estado del Estado para proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos frente a abusos federales y exigir responsabilidades a los agentes federales por acciones inconstitucionales. Además, estas nuevas medidas refuerzan la legislación de la gobernadora para garantizar que los lugares sensibles estén protegidos de la aplicación de leyes migratorias civiles sin una orden judicial, incluidos los hogares de los neoyorquinos.
“Durante el último año, agentes federales de inmigración han llevado a cabo actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos —y la utilización de policías locales para la aplicación de leyes migratorias civiles— no serán tolerados en Nueva York”, afirmó la gobernadora Hochul. “Hoy anuncio nuevas acciones que protegerán a nuestras comunidades del peligroso abuso de poder federal y garantizarán que las fuerzas del orden de Nueva York se concentren en mantener seguros a los neoyorquinos, no en hacer el trabajo de ICE”.
Los actuales esfuerzos federales en materia migratoria han generado caos y temor y han socavado nuestra democracia, provocando la pérdida de vidas inocentes, incluidos ciudadanos estadounidenses. El uso de agentes y recursos estatales o locales para la aplicación de infracciones migratorias civiles federales, como parte de la agenda migratoria del gobierno federal, desvía recursos críticos de seguridad pública de funciones esenciales que mantienen seguras a las comunidades y residentes de Nueva York.
En Nueva York, 14 agencias del orden en nueve condados han firmado acuerdos 287(g) con ICE. Con esta legislación, todos los acuerdos 287(g) existentes quedarán anulados y Nueva York se unirá a otros siete estados que actualmente los prohíben: Washington, Oregón, California, Illinois, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut.
A comienzos de este mes, la gobernadora Hochul anunció varias propuestas para proteger a los neoyorquinos ante una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de leyes migratorias federales, entre ellas:
Establecer el derecho a demandar a agentes federales por violaciones constitucionales
Ante el aumento sin precedentes de la aplicación agresiva de leyes migratorias federales, comunidades de todo Estados Unidos se han visto afectadas por tácticas de mano dura que presuntamente vulneran derechos constitucionales.
Para proteger a las comunidades del estado y garantizar la rendición de cuentas cuando se violen derechos constitucionales, la gobernadora Hochul impulsará legislación que otorgue a los neoyorquinos un camino claro para buscar justicia cuando sus derechos sean vulnerados.
La propuesta autoriza a las personas a presentar demandas civiles a nivel estatal contra agentes federales que violen los derechos constitucionales de los neoyorquinos, de acuerdo con los mismos estándares legales que ya existen para funcionarios estatales y locales bajo la ley federal de derechos civiles. Al armonizar la ley estatal con los marcos federales existentes, esta propuesta refuerza las protecciones constitucionales y ofrece a los neoyorquinos un recurso legal significativo cuando la autoridad federal sea ejercida de manera inconstitucional en Nueva York.
Protección de los neoyorquinos en lugares sensibles
Durante décadas, la política federal, bajo administraciones de ambos partidos, ha limitado la aplicación de leyes migratorias civiles sin orden judicial en lugares sensibles como escuelas, hospitales y centros de culto. Cambios recientes a nivel federal han revertido estas protecciones, afectando la seguridad pública, las comunidades escolares, el acceso a la atención médica y la confianza en instituciones clave.
Los neoyorquinos deben poder asistir a la escuela, acceder a servicios de cuidado infantil, recibir atención médica, practicar su fe y vivir en sus hogares con tranquilidad. La gobernadora Hochul ha propuesto legislación para garantizar que los lugares sensibles —incluidos los hogares— estén protegidos de la aplicación de leyes migratorias civiles sin una orden judicial. Esta medida ayudará a brindar estabilidad a niños y familias en espacios comunitarios esenciales.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declaró: “Los fiscales no podemos hacer nuestro trabajo si las víctimas y los testigos —nuestros vecinos— tienen miedo de presentarse. Necesitamos generar confianza en la comunidad para mantener a todos seguros, y utilizar a las fuerzas del orden locales para hacer cumplir leyes migratorias civiles federales socava nuestra capacidad para lograrlo. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo y compromiso con la protección de todos los neoyorquinos”.
Por su parte, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, afirmó: “La violencia en Brooklyn está en su nivel más bajo porque hemos ganado la confianza de la comunidad y protegemos el debido proceso. Cuando las víctimas y los testigos temen que denunciar un delito pueda llevar a la deportación, o que agentes federales puedan ingresar a un hogar, escuela, centro de culto u hospital sin una orden judicial, la gente deja de colaborar, los delitos quedan sin resolver y los delincuentes peligrosos evaden la justicia. La gobernadora Hochul tiene razón al prohibir los acuerdos 287(g) y exigir una orden judicial antes de que ICE ingrese a lugares sensibles. Esto mantiene a las fuerzas del orden locales enfocadas en delitos graves, fortalece la seguridad pública y ayuda a garantizar que los neoyorquinos puedan buscar justicia sin miedo”.
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