Advierten que el cambio federal podría provocar que familias dejen de utilizar servicios médicos y ayudas alimentarias por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
Sala de Redacción | Westchester Hispano
Westchester, NY
El próximo cambio en la política federal de carga pública está generando temor entre familias inmigrantes de Nueva York, ante la posibilidad de que el uso de determinados beneficios influya en algunas solicitudes de residencia permanente.
La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Hasta entonces continuará aplicándose la regulación establecida en 2022.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes advirtieron que la incertidumbre podría llevar a personas elegibles a cancelar servicios médicos, asistencia alimentaria u otros beneficios necesarios para sus familias, incluso cuando estos no afecten directamente su situación migratoria.
Por esa razón, recomendaron no abandonar ningún programa ni modificar un trámite migratorio sin consultar primero con un abogado o representante acreditado.
Temor a perder atención médica
Los defensores señalaron que el anuncio ya ha provocado preocupación entre las familias que atienden.
Javier Ramírez Baron, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services, relató el caso de una madre inmigrante cuyo hijo, ciudadano estadounidense y con necesidades médicas, depende de Medicaid y de asistencia alimentaria.
“Esa madre nos llamó entre lágrimas para preguntarnos si debía cancelar la cita médica de su hijo o continuar con su caso de inmigración”, explicó.
Baron sostuvo que la falta de una lista definitiva de los beneficios que podrán considerarse está alimentando la confusión. Para muchas familias, agregó, el temor puede ser suficiente para alejarlas de servicios esenciales.
Carlos Arnao, representante de la New York Immigration Coalición, advirtió que esta situación podría producir un aumento de las emergencias médicas, la inseguridad alimentaria entre los estudiantes y el número de familias que necesitan ingresar a albergues.
¿En qué consiste el cambio?
La medida de la Administración de Donald Trump elimina la regulación federal de carga pública adoptada en 2022 y devuelve mayor discreción a los funcionarios migratorios para determinar si una persona podría depender principalmente de la asistencia gubernamental.
La política no restablece automáticamente y en todos sus términos la regla aplicada durante la primera Administración Trump. Sin embargo, los defensores temen que la ampliación de la discreción pueda dar lugar a decisiones inconsistentes y a una evaluación más extensa de las circunstancias de cada solicitante.
La prueba de carga pública no afecta de la misma manera a todos los inmigrantes ni se aplica a todos los trámites. También existen categorías protegidas o exentas. Por eso, las organizaciones insisten en que cada persona debe recibir orientación basada en su situación particular.
Posible abandono de beneficios
Kevin Cho, de la Federación Asiático-Americana, señaló que estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional indican que unas 950,000 personas podrían decidir no solicitar beneficios públicos o abandonar los que ya reciben por temor a consecuencias migratorias.
Cho recordó que el miedo tuvo un efecto similar cuando se implementó una política más restrictiva en 2019. Según indicó, los inmigrantes asiáticos que no eran ciudadanos abandonaron el programa de asistencia alimentaria a un ritmo ocho veces mayor que los ciudadanos asiáticos.
Randy Ali, director ejecutivo del Centro de Apoyo a las Familias Árabe-Estadounidenses, también advirtió que el impacto podría extenderse más allá de las personas directamente sujetas a la evaluación de carga pública.
Cuando un integrante de una familia deja de utilizar un beneficio por miedo, las consecuencias pueden afectar a niños ciudadanos estadounidenses, adultos mayores y personas con problemas de salud.
Nueva versión del formulario I-485
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, anunció que publicará una versión revisada del formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.
Las versiones anteriores del formulario que sean enviadas por correo o presentadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre no serán aceptadas, según la agencia. Quienes preparen una solicitud deben verificar que estén utilizando la edición vigente antes de presentarla.
“La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes, sino disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios esenciales y crear un clima de miedo”, afirmó Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración.
La comisionada de Asuntos del Inmigrante de la ciudad de Nueva York, Faiza N. Ali, aseguró que la ciudad utilizará las herramientas disponibles para responder a la política y pidió a las familias obtener información de organizaciones confiables.
Dónde buscar ayuda
Los residentes de Westchester que tengan preguntas pueden comunicarse con la línea de la Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York llamando al 1-800-566-7636. El servicio ofrece información gratuita y confidencial en varios idiomas.
Las organizaciones recalcaron que las familias no deben cancelar Medicaid, asistencia alimentaria, citas médicas ni otros servicios solamente por miedo. El efecto de la política dependerá del beneficio, del integrante de la familia que lo recibe y del tipo de trámite migratorio.
La información oficial sobre la entrada en vigor y el nuevo formulario puede consultarse en USCIS.
