Inmigrantes dijeron a Documented que sintieron que una reconocida organización que los ayudó con solicitudes de asilo y otros trámites migratorios les había fallado
Este artículo fue publicado originalmente en Documented, una sala de redacción que informa sobre las comunidades inmigrantes en Nueva York.
Por Rommel H. Ojeda y Lam Thuy Vo
Carmen Zurita, de 50 años, vivía en un albergue para migrantes en Corona, Queens, a finales de 2022 cuando fue presentada a La Jornada. La organización, que brinda servicios a inmigrantes, cobró notoriedad durante la pandemia por su banco de alimentos y después amplió sus servicios para ayudar a la ola de solicitantes de asilo a navegar el proceso migratorio.
Zurita contó que la organización acudía al albergue para entregar alimentos y otros recursos a los residentes, incluida asistencia en asuntos de inmigración.
El fundador de La Jornada, Pedro Rodríguez, le recomendó que visitara las oficinas de la organización en Corona, donde le pidieron completar varios formularios y le cotizaron 600 dólares por la solicitud de asilo, según una declaración jurada que presentó ante la oficina de la fiscal general de Nueva York.
Dijo que le tomó varias semanas reunir el pago inicial del 50%, equivalente a 300 dólares y lo entregó en efectivo a una empleada de la organización.
“Confiando en que estaba haciendo lo correcto le entregué la mitad del dinero y ella no me dio ningún recibo… Lo que en ese entonces era muy poco dinero para mí era mucho”, recordó Zurita.
Cada vez que le preguntó al personal de La Jornada si habían presentado su solicitud, aseguró, nunca recibió una respuesta clara.
Dijo que fue a través de cartas del gobierno que supo que tenía dos citas obligatorias: una audiencia ante un tribunal de inmigración y una reunión de seguimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estas citas fueron agendadas porque ingresó al país sin papeles.
“Yo asistí sola después de ver la dirección y preguntarle a alguien en el albergue”, dijo. Agregó que La Jornada no le mencionaron las citas con el gobierno. “Nadie me explicó nada”.
Preocupada por la situación, Zurita decidió no pagar los 300 dólares restantes y buscó otro abogado, quien finalmente la ayudó a presentar su solicitud de asilo y obtener un permiso de trabajo mientras su caso continuaba en trámite. Según su declaración jurada, nunca recuperó el dinero que había entregado a La Jornada.
Zurita no es la única que cuestiona los servicios ofrecidos por La Jornada. Documented entrevistó a cinco inmigrantes, revisó recibos y examinó cinco declaraciones juradas presentadas ante la oficina de la fiscal general del estado, en las que los clientes alegan haber pagado entre 300 y 1.000 dólares por solicitudes de asilo y permisos de trabajo, y luego enfrentaron problemas de comunicación y confusión durante el proceso.
Dos de los inmigrantes entrevistados dijeron que pagaron a La Jornada para que presentara sus solicitudes de asilo y aseguraron a Documented que la organización nunca lo hizo.
La oficina de la fiscal general del estado de Nueva York informó que actualmente analizan cinco denuncias contra La Jornada. Además, señaló que su Oficina de Organizaciones Benéficas ha contactado a la organización en dos ocasiones por no presentar los reportes obligatorios dentro del plazo establecido.
La asambleísta estatal de Nueva York Catalina Cruz, exabogada y representante de varios vecindarios de Queens, incluido Corona, dijo a Documented que su oficina ha asistido directamente a 15 residentes de su distrito que reportaron problemas con los servicios de La Jornada.
Según Cruz, los exclientes enfrentaron una variedad de inconvenientes en sus casos. Algunos dijeron haber tenido dificultades para obtener copias de su documentación, mientras que otros aseguraron que les exigieron pagos superiores a los montos inicialmente cotizados. También indicó que algunos recibieron órdenes de deportación y actualmente están siendo asistidos por organizaciones legales sin fines de lucro de la zona.
“Algunos nos decían: ‘No nos quieren dar copias de nuestros documentos’, o ‘No nos quieren devolver nuestros documentos’, o ‘Nos están pidiendo dinero adicional para entregarnos nuestros documentos’”, relató Cruz. Agregó que su oficina comenzó a recibir estos reportes durante el verano de 2024.
Dirigentes del Jackson Heights Immigrant Center dijeron a Documented que habían atendido a varias personas que presentaron quejas sobre los servicios de La Jornada. Otra organización sin fines de lucro que ofrece asesoría legal a inmigrantes en Queens indicó que alrededor de 100 exclientes de La Jornada acudieron a sus oficinas en busca de orientación legal.
El fundador de La Jornada aseguró que desconocía la existencia de clientes insatisfechos y de los problemas expuestos por Documented en una carta que detalla todas las denuncias incluidas en este reportaje.
Rodríguez añadió que corregiría cualquier situación si los antiguos clientes le dieran la oportunidad de hacerlo. Explicó que comenzó este trabajo porque “la necesidad era increíble”, ante la llegada de miles de migrantes a Nueva York.
Rodríguez dijo que no recordaba los casos específicos presentados en este reportaje. En un mensaje de texto, señaló que no podía hacer comentarios sin conocer el nombre completo de los clientes y su número de registro de extranjero (número A), un identificador único asignado a quienes tienen contacto con el sistema migratorio. Los clientes entrevistados por Documented se negaron a proporcionar esa información por motivos de privacidad.
Rodríguez también dijo a Documented: “Tampoco es justo decir que alguien está haciendo una acusación sin tener la posibilidad de confrontar a quien lo acusa”.
El fundador de la organización afirmó que nunca se presentó como abogado y que, cuando alguien le preguntaba si lo era, respondía que no. También dijo que llegó a emplear entre uno y tres abogados al mismo tiempo, aunque reconoció que era imposible que esos profesionales hubieran participado en los miles de casos que, según él, manejó La Jornada. Agregó que contaba con asistentes legales y que en la oficina exhibía diplomas para dejar claro que no eran abogados.
Cuando Documented dijo a Rodríguez que varios clientes aseguraron haber tenido que entregar su información en repetidas ocasiones y le preguntó quién supervisaba el proceso de presentación de las solicitudes de asilo, él respondió: “Si alguien cometió un error, yo soy responsable. Soy el director de La Jornada y tengo que asumir toda la responsabilidad por todo lo que ocurrió. Por eso estoy tratando de corregir las cosas”. Añadió: “No es que estuviéramos intentando hacer algo a propósito o perjudicar a esas personas. Esa nunca fue nuestra intención”.
La Jornada es una de las muchas organizaciones que comenzaron a ofrecer asesoría sobre trámites de asilo cuando millones de migrantes buscaron protección en la frontera sur de Estados Unidos durante la administración del presidente Joe Biden.
La ciudad destinó 5 millones de dólares para organizaciones legales sin fines de lucro y clínicas de representación propia que brindan asistencia migratoria. A pesar de esos esfuerzos, los abogados enfrentaban una carga de trabajo excesiva y las organizaciones de asistencia legal sin fines de lucro operaban al límite de su capacidad.
Como consecuencia, muchos inmigrantes recurrieron a la ayuda disponible, incluso a personas que no eran abogados ni estaban acreditadas para representarlos ante los tribunales de inmigración.
La necesidad de contar con una representación legal adecuada cobra aún más relevancia ante la intensificación de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Rodríguez sostuvo que los precios de La Jornada eran mucho más bajos que los miles de dólares que, según él, suelen cobrar los abogados de inmigración. Resaltó que fijaba tarifas por debajo del precio del mercado, comparando los costos de organizaciones similares y cobrando menos que ellas. Cuando Documented le preguntó cuáles eran esas organizaciones, respondió que no podía recordar ninguna en particular.
“Nunca se nos habría ocurrido cobrar lo que cobra un abogado, que son miles de dólares”, dijo Rodríguez.
Aunque es habitual que los abogados de inmigración cobren por sus servicios, La Jornada apareció en 2024 en la lista del Departamento de Justicia de EE. UU. como proveedor de servicios legales gratuitos. Rodríguez explicó que la organización ofrecía asistencia legal sin costo mientras aparecía en ese listado, gracias a una subvención que había recibido. Una vez que esos fondos se agotaron, los servicios gratuitos dejaron de ofrecerse.
“Todo el dinero se reinvertía en la fundación, ya sea para alimentos, para otras necesidades o para las personas que hacían el trabajo”, dijo Rodríguez sobre los pagos que recibía de sus clientes.
Las quejas se acumulan
Tras recibir varias denuncias, la asambleísta Cruz dijo que su oficina solicitó a La Jornada la entrega de documentos relacionados con los clientes que habían presentado quejas y convocó a una reunión con Rodríguez.
“Le advertí que debía tener mucho cuidado con la manera en que estaba realizando ese trabajo para que no hubiera ningún malentendido sobre su capacidad para representar a las personas”, dijo Cruz.
Una madre ecuatoriana que usó los servicios de La Jornada en los casos migratorios de su familia dijo a Documented que la organización le informó erróneamente que tenía una orden de deportación emitida en ausencia, lo que le provocó estrés y ansiedad. También lo aseguró en una declaración jurada.
Otra clienta de La Jornada contó que trabajó con Rodríguez para actualizar las direcciones en sus solicitudes de asilo y presentar las de toda su familia. Según escribió en una declaración jurada presentada ante la oficina de la fiscal general del estado, Rodríguez le dijo que era abogado. Por esos trámites pagó 1.600 dólares, una suma considerable, aunque inferior a la que le habían cotizado en otros lugares.
En 2025, mientras aumentaban los reportes de arrestos del ICE en los tribunales de inmigración aumentaban, una de sus hijas fue citada a una audiencia.
Aunque La Jornada le había informado desde el principio que no podía representar a su familia ante un tribunal de inmigración, Charo buscó nuevamente la orientación de la organización. Según contó, le reiteraron que no podían acompañar a su hija a la audiencia.
En la declaración jurada que presentó, Charo escribió que Rodríguez le dijo que no era necesario que él asistiera con ella. También aseguró que, si él la acompañaba, tendría que pagar una suma elevada de dinero.
Charo relató que buscó consejo de una exempleada de La Jornada, quien le recomendó que no llevara a su hija a la audiencia debido a los recientes arrestos registrados en los tribunales de inmigración. Finalmente decidió que su hija no asistiera a la cita.
“Uno se siente realmente desesperado. Lo hace por sus hijos”, dijo Charo.
Tres días después, el 27 de junio, recibió una carta que decía que su hija había recibido una orden de deportación emitida en ausencia. El nuevo abogado de la familia confirmó esa información a Documented al compartir una captura de pantalla con la decisión del juez.
Charo dijo que se sintió abandonada por la organización en la que había confiado para manejar los asuntos migratorios de su familia.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, su hija se encontraba en proceso de solicitar la reapertura de su caso de asilo ante un tribunal de inmigración.
