La urgencia de aprobar la Ley Dignidad No Detención ante la expansión de la detención migratoria y el impacto humano, social y económico en el estado
Por Rafael Montán
En las últimas semanas, nuestro país ha visto mucho. Imágenes de niños secuestrados, familias separadas y manifestantes heridos y muertos. Hay una inquietud que no cesa, y muchos viven en miedo.
En nuestro estado, el gran estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció su solución: la ley de Policía y Delitos Locales. En su propuesta, la gobernadora ha delineado provisiones que ayudarían a impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) triunfe en su esfuerzo de detener a los inmigrantes.
Sin embargo, esta nueva legislación no bastará. Con una estipulación que se revocará en el 2029 y con un enfoque solo en los servicios públicos, el momento actual exige más.
Hoy, más de 2.500 inmigrantes viven realidades similares en cárceles y centros de detención en el estado de Nueva York. Las cárceles locales se han convertido en centros de detención para inmigrantes. Y ICE ya está tratando de comprar almacenes y convertirlos en centros de detención. Por todo esto, el tiempo para aprobar la Ley Dignidad No Detención (S316 Salazar / A4181 Reyes) es hoy.
La detención migratoria es un proceso civil, no penal. Sin embargo, miles de personas inmigrantes son encerradas en cárceles diseñadas para personas acusadas o condenadas por delitos. Esto crea una contradicción profunda: los inmigrantes detenidos no tienen las mismas protecciones constitucionales que las personas en el sistema penal, pero sí sufren las mismas, o peores, condiciones punitivas. Es el peor de ambos mundos.
Las cárceles locales no están equipadas para lidiar con estos casos migratorios. Carecen de la capacidad física, los recursos y la infraestructura necesaria para garantizar el debido proceso. En algunos condados, las personas detenidas por ICE no pueden hacer llamadas telefónicas. En otros, ni siquiera aparecen en los sistemas de localización, lo que impide que familiares y abogados sepan dónde están. El acceso a la representación legal se vuelve una carrera contrarreloj que muchas veces se pierde antes de empezar.
La Ley Dignidad No Detención propone una solución clara y necesaria: esta legislación prohibiría que entidades estatales, del condado o locales participen en contratos de detención migratoria y reciban pagos por ello. También impediría la renovación de contratos existentes y prohibiría que empresas privadas operen centros de detención migratoria en Nueva York.
La urgencia de esta ley se agrava por la rápida expansión de los acuerdos 287(g), que delegan funciones de control migratorio en las fuerzas del orden locales. Antes de 2018, Nueva York no tenía ninguno. Hoy, existen múltiples acuerdos activos. Estos programas desvían recursos policiales de su verdadera función, proteger a las comunidades. Cuando la policía actúa como agente migratorio, la confianza se rompe y la seguridad pública se debilita.
Aprobar la Ley Dignidad No Detención no solo es una cuestión moral; es una decisión inteligente para todo el estado. Nueva York se enorgullece de ser líder nacional en legislación innovadora y basada en valores. Elegir la dignidad por encima de la detención refuerza ese liderazgo.
Los inmigrantes son una parte esencial de nuestra economía. Son trabajadores, empresarios, cuidadores, contribuyentes y consumidores. En 2022, los inmigrantes indocumentados en Nueva York contribuyeron con miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Han revitalizado ciudades como Rochester, Syracuse y Utica, abriendo negocios, reconstruyendo vecindarios y sosteniendo una fuerza laboral en regiones que enfrentan el envejecimiento poblacional y la migración de jóvenes.
Algunos opinan que eliminar los contratos de detención solo trasladará a los inmigrantes a otros estados. Sin embargo, estudios demuestran que cuando hay menos camas de detención disponibles, hay menos detenciones. ICE se ve obligado a liberar a las personas, permitiéndoles contactar a abogados, organizar documentos y tomar decisiones junto a sus familias. La detención no es inevitable ni necesaria; es una elección política.
Si no actuamos, el costo será enorme. La colaboración con ICE merma la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía, creando un miedo a denunciar delitos, incluso en casos de violencia doméstica. Además, detener a una persona en Nueva York cuesta cientos de dólares diarios, dinero público que podría invertirse en educación, salud o asistencia alimentaria.
La semana pasada, Dignidad No Detención pasó el primer paso en la Asamblea, saliendo del Comité de Corrección. El año pasado, la ley fue aprobada en el Senado. Nueve otros estados han aprobado leyes similares a Dignidad no Detención. Nueva York, te toca.
Rafael Montán es un estudiante de cuarto año en la Universidad de Cornell y es miembro del “State Policy Advocacy Clinic” en el Brooks School of Public Policy en la Universidad de Cornell.
Publicado 23 de marzo del 2026
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