Beneficiarios de DACA enfrentan la pérdida de empleos y el riesgo de deportación debido a retrasos en la renovación de permisos de trabajo
Foto cortesía de Eva Santos
Veloz para Documented
Este artículo fue publicado originalmente por Documented.
Por Rommel H. Ojeda, Documented
Eva Santos Veloz solía pasar sus días recorriendo vecindarios de la ciudad de Nueva York, reuniéndose con residentes y asistiendo a protestas. Como organizadora de asuntos comunitarios para una entidad local sin fines de lucro, su trabajo también requería, en ocasiones, viajar a otros estados. Pero eran las interacciones personales con la gente lo que más disfrutaba.
Sin embargo, desde mediados de febrero, Santos Veloz no ha trabajado. Su permiso de trabajo, vinculado al programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), expiró pese a haber sido renovado hace 143 días, mucho más que las casi seis semanas que solía tardar el proceso en años anteriores. Los retrasos en el procesamiento la dejaron sin empleo y sin la protección contra la deportación que el programa le había brindado desde 2014.
DACA es un programa creado durante la administración de Barack Obama que ofrece protección temporal contra la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad. Aunque no otorga un estatus legal permanente, los beneficiarios pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo, válido durante la vigencia de su protección migratoria, que debe renovarse cada dos años. Las posibilidades de viajar al extranjero también son limitadas. A quienes cuentan con DACA se les conoce comúnmente como “dreamers” (soñadores).
“No entiendo por qué, después de 12 años del programa, ahora es peor que al principio”, señaló Santos Veloz. Agregó que incluso antes de que el proceso de renovación se digitalizara, las renovaciones tardaban en promedio tres meses. “Nunca pensé que pasaría casi dos meses con mi permiso de empleo caducado”.
Ella no es la única beneficiaria de DACA que ha perdido su permiso de trabajo. Beneficiarios del programa en todo el país han perdido sus empleos debido a los retrasos en el procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin DACA, también están en riesgo de ser deportados.
Defensores de inmigrantes y políticos creen que la administración de Donald Trump está retrasando deliberadamente las renovaciones de beneficios migratorios como parte de su agenda de deportaciones masivas. Más de 250 beneficiarios de DACA han sido arrestados por ICE desde que Trump retomó la presidencia.
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Hasta el 30 de septiembre de 2025, las cifras más recientes disponibles indicaban que había 505.940 beneficiarios activos de DACA en todo el país. 19.580 residían en Nueva York.
Documented habló con beneficiarios del programa que llevan meses esperando sus renovaciones, algunos incluso superando el periodo de 120 a 150 días que USCIS recomienda para presentar la solicitud. Contaron que la pérdida de empleo afecta económicamente a sus familias y que muchos evitan salir a la calle por temor a encontrarse con agentes migratorios.
“Siempre estoy afuera protestando. Pero no he participado en ninguna protesta porque tengo muchísimo miedo”, lamenta Santos Veloz, quien además es el principal sostén económico de sus tres hijos. “Ahora me estoy escondiendo de una manera en la que antes no lo hacía”.
A principios de abril, no asistió a un evento familiar en California por miedo a ser arrestada por ICE en el aeropuerto, especialmente ahora que ya no cuenta con la protección del programa. Dijo que depende de sus ahorros para mantener a su familia.
“Tengo un hijo que va a entrar a la universidad este año. Tengo a mi mamá”, dijo. “No sé cuánto tardará en recibir una respuesta. Todo está en un limbo”.
Pedro Chávez, abogado de inmigración, cree que la administración Trump busca eliminar el programa. “Es una muerte lenta, como dice la gente”, afirmó Chávez, recordando que en 2017, durante el primer mandato de Trump, ya hubo intentos de poner fin a DACA. “Los tribunales han dicho que no hay forma de acabar con DACA. Entonces él busca maneras de eliminar este programa para generar pánico y estrés y que las personas se vayan del país”.
Chávez explicó que cada vez más de sus clientes lo contactan porque, al igual que Santos Veloz, sus permisos están expirando. “Ellos hicieron todo bien. Enviaron sus solicitudes y pidieron la renovación 150 días antes de que sus permisos caducaran. Pero ahora se acerca la fecha límite y pronto ya no podrán trabajar”.
El abogado advirtió que muchos beneficiarios también corren el riesgo de acumular estadía no autorizada durante el tiempo en que su DACA permanezca vencida. La estadía no autorizada puede impedir el reingreso a Estados Unidos por tres o diez años, según el tiempo acumulado sin estatus migratorio, a menos que se obtenga un perdón migratorio que puede demorar años.
Zach Kahler, portavoz de USCIS, dijo a Documented que “bajo el liderazgo del presidente Trump, USCIS está protegiendo al pueblo estadounidense mediante una revisión y verificación más exhaustiva de todos los extranjeros, lo cual puede extender los tiempos de procesamiento. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país”.
El 20 de abril, 16 miembros del Congreso enviaron una carta a Joseph Edlow, director de USCIS, exigiendo respuestas sobre los actuales retrasos en las renovaciones de DACA desde que Trump volvió a la presidencia. Además, preguntaron qué cambió en el proceso desde diciembre de 2024, cuando Joe Biden aún estaba en el poder.
“La administración Trump procesa lentamente las renovaciones de DACA de manera intencional. Esto ha provocado altos niveles de ansiedad e incertidumbre entre los dreamers y ha ocasionado que algunos pierdan sus trabajos debido a la expiración de su estatus causada por los retrasos”, señala la carta. “Además, la expiración de su DACA debido a estos tiempos de procesamiento también los expone al riesgo de deportación, afectando a sus familias, comunidades y lugares de trabajo”.
Estos retrasos ocurren en medio de una nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que a finales de abril emitió un fallo en el caso Matter of Santiago-Santiago. El caso es sobre Catalina “Xóchitl” Santiago, una beneficiaria de DACA en El Paso que fue arrestada en un aeropuerto estadounidense y puesta en proceso de deportación.
El 9 de septiembre, un juez de inmigración había cerrado el caso de deportación de Santiago, decisión que fue apelada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “El juez de inmigración erró al cerrar el proceso únicamente porque la demandada contaba con protección de DACA, sin considerar las razones de oposición al cierre del caso”, indicó BIA.
Chávez explicó que el fallo limita la capacidad de cerrar un caso migratorio únicamente por contar con DACA, como sucedía antes. Ahora, el juez deberá considerar si existe oposición al cierre del caso antes de decidir.
Para Giancarla C., de 39 años y beneficiaria del programa, las consecuencias de perder DACA van más allá de su familia inmediata. El 10 de abril le dieron una licencia laboral luego de que expirara su permiso de trabajo, a pesar de haberlo renovado el 23 de noviembre, hace ya 158 días. Como representante legal acreditada por el Departamento de Justicia, Giancarla supervisaba alrededor de 200 clientes, incluidos casos de visas U para víctimas de delitos, solicitudes de asilo y otras peticiones migratorias. Sus compañeros tuvieron que asumir muchos de sus casos y reconstruir la confianza con los clientes.
“Muchos clientes escuchan cosas en TikTok u otros lugares. Hay muchísimo alarmismo”, dijo.
Giancarla también afirmó que ha dejado de conducir hasta su gimnasio habitual o de llevar a su perro a un parque ubicado a 30 minutos de su apartamento por temor a encontrarse con agentes de ICE. “Por suerte, el supermercado queda al lado de mi edificio”, comentó. “Me despierto y siento que no tengo nada que hacer. Solo camino con mi perro por el vecindario”.
Santos Veloz añadió que conoce a otros beneficiarios de DACA que también han limitado el tiempo que pasan fuera de sus hogares y que algunos incluso se han mudado de sus vecindarios debido a la presencia de ICE.
“Vimos lo que ICE les hizo a dos grandes personas que protegían a nuestra comunidad”, reflejó, refiriéndose a Alex Pretti y Renee Good, quienes murieron a manos de agentes migratorios en Minneapolis este año. “Así que incluso quienes intentan ayudarnos y protegernos están retrocediendo porque también son atacados”.
Publicado el 4 de junio de 2026
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