Estados de la nación llegan a un acuerdo que responsabiliza a McKinsey & Company por su papel en el fomento de la crisis de opioides con Purdue Pharma
Sala de Redacción/Westchester Hispano
Nueva York
La procuradora general de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de casi todos los fiscales generales del país para entregar más de $573 millones para el tratamiento y la reducción de opioides para detener la crisis de opioides que ha devastado a familias en todo el país.
Un acuerdo y juicio por consentimiento con McKinsey & Company, una de las firmas consultoras más grandes del mundo – presentada hoy resuelve las investigaciones de los fiscales generales sobre el papel de la empresa en el trabajo para las empresas de opioides, ayudando a esas empresas a promover sus medicamentos y obteniendo millones de dólares de la epidemia de opioides.
Los fondos del acuerdo, de los cuales más de $32 millones se destinarán al estado de Nueva York, se utilizarán para mitigar los efectos del uso excesivo de opioides en los estados participantes. Este es el primer acuerdo de opioides multiestatal que genera un pago sustancial a los estados para abordar la crisis.
“Las tácticas de marketing cínicas y calculadas de McKinsey ayudaron a alimentar la crisis de los opioides al ayudar a Purdue Pharma a dirigirse a los médicos que sabían que recetarían opioides en exceso”, dijo la fiscal James.
“Sabían de dónde venía el dinero y se concentraron en él. Según los términos del acuerdo de hoy, la compañía finalmente pondrá fin a su conducta ilegal, entregará más de 500 millones de dólares a las comunidades de todo el país y nunca más podrá ayudar a perpetrar este tipo de fraude y engaño”, explicó.
Si bien ninguna cantidad de dinero compensará nunca el dolor de los cientos de miles de muertos, los millones de adictos y las innumerables familias desgarradas por la adicción a los opioides, explica Letitia James, podemos asegurarnos de que los responsables de la crisis ayuden a financiar la prevención, la educación y el tratamiento. programas para evitar que más neoyorquinos y estadounidenses de todo el país se vuelvan adictos a los opioides en primer lugar. Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la justicia para las víctimas,
Además de proporcionar más de $ 573 millones, menos el pago de costos, para abordar la crisis de los opioides, el acuerdo de hoy, presentado simultáneamente por 47 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de EE. UU., exige que McKinsey libere decenas de miles de sus documentos que detallan su trabajo para el fabricante de OxyContin Purdue Pharma, así como para otros fabricantes de opioides, para su divulgación pública en línea.
Además, McKinsey acordó adoptar un estricto plan de retención de documentos, continuar su investigación sobre las acusaciones de que dos de sus socios intentaron destruir documentos en respuesta a las investigaciones de Purdue Pharma, implementar un estricto código de ética que todos los socios deben certificar cada año y dejar de asesorar empresas sobre narcóticos de Lista II y III a base de opioides potencialmente peligrosos.
La presentación de hoy describe cómo McKinsey contribuyó a la crisis de los opioides al promover esquemas de marketing y servicios de consultoría para los fabricantes de opioides, incluida Purdue Pharma, durante más de una década.
Junto con el acuerdo de hoy se presenta una queja en la que se exponen las tácticas de marketing de McKinsey que detallan cómo la compañía asesoró a Purdue y a los miembros de la familia Sackler, que controlan Purdue, sobre cómo maximizar las ganancias de sus productos opioides, incluido el objetivo de prescriptores de opioides de alto volumen, utilizando mensajes para que los médicos prescriban más OxyContin a más pacientes, y eludir las restricciones de la farmacia para entregar recetas de dosis altas. Actuando en concierto, McKinsey, Purdue y los Sackler vendieron millones de dosis de opioides de Purdue en Nueva York en violación de la ley de Nueva York.
Cuando los estados comenzaron a demandar a los directores de Purdue por su implementación de los esquemas de marketing de McKinsey, los socios de McKinsey comenzaron a enviar correos electrónicos sobre la eliminación de documentos y correos electrónicos relacionados con su trabajo para Purdue.
El acuerdo de hoy es la última acción que ha tomado el Fiscal General James para combatir la epidemia de opioides y responsabilizar a los responsables de crear y alimentar la crisis.
En marzo de 2019, el Fiscal General James presentó una demanda para responsabilizar a los diversos fabricantes y distribuidores responsables de la epidemia de opioides.. Los fabricantes mencionados en la queja incluían a Purdue Pharma y sus afiliadas, miembros de la familia Sackler (propietarios de Purdue) y los fideicomisos que controlan, Janssen Pharmaceuticals y sus afiliadas (incluida su empresa matriz Johnson & Johnson), Mallinckrodt LLC y sus afiliadas, Endo Health Solutions y sus afiliadas, Teva Pharmaceuticals USA, Inc. y sus afiliadas, y Allergan Finance, LLC y sus afiliadas.
Los distribuidores nombrados en la queja son McKesson Corporation, Cardinal Health Inc., Amerisource Bergen Drug Corporation y Rochester Drug Cooperative Inc. Los casos contra Purdue, Mallinckrodt y Rochester Drug están ahora todos en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. La demanda del Fiscal General James se amplió a una demanda anterior, presentada en agosto de 2018 por la Oficina del Fiscal General de Nueva York,
Junto al Fiscal General James para liderar el comité ejecutivo que alcanzó el acuerdo de hoy están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Tennessee y Vermont.
La procuradora General James y los demás miembros del comité ejecutivo están acompañados por los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Wyoming, el Distrito de Colombia y los territorios de Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Este asunto fue manejado para Nueva York por el abogado de opioides y litigios de impacto David Nachman, el asesor principal y abogado especial Umair Khan, y los fiscales generales adjuntos Noah Popp y Jennifer Simcovitch, todos bajo la supervisión de la fiscal general adjunta principal Jennifer Levy.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]EL DATO[/tab_title][/tabs_head][tab]
- La epidemia de opioides ha causado daños masivos a personas y comunidades en Nueva York y en estados de todo el país durante los últimos 20 años.
- Durante este tiempo, casi 500,000 estadounidenses han muerto por una sobredosis de opioides, incluidos más de 20,000 neoyorquinos.
- A nivel económico, estas muertes, y los impactos en los neoyorquinos que han luchado con el uso de opioides, han creado costos significativos para Nueva York en forma de atención médica, bienestar infantil, justicia penal y muchos otros programas necesarios para disminuir la epidemia.
- También ha resultado en la pérdida de oportunidades económicas y productividad.
- En el nivel social, la adicción a los opioides, el abuso y las muertes por sobredosis han separado a las familias, dañado las relaciones y erosionado el tejido social de las comunidades.
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Publicado el 05 de Febrero 2020
