Un informe federal concluye que el complejo de Fort Bliss abrió sin cumplir estándares básicos y registró graves deficiencias en atención médica y supervisión
EFE
Austin
Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo de auditoría del Congreso de Estados Unidos, concluyó que el Gobierno federal desperdició millones de dólares en la operación del mayor centro de detención para migrantes del país, una instalación ubicada en Texas que además abrió sin cumplir estándares básicos de seguridad, atención médica y trato humano.
El reporte analiza el funcionamiento de Camp East Montana, un complejo de carpas gigantes ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, con capacidad para albergar hasta 5.000 migrantes.
Según la investigación, la apertura acelerada del centro, ordenada tras una directiva del presidente Donald Trump en enero de 2025 para ampliar la capacidad de detención migratoria, provocó deficiencias operativas, falta de supervisión y un importante despilfarro de fondos públicos.
La población diaria promedio de detenidos en Estados Unidos aumentó un 71 % desde entonces, pasando de 39.314 a 67.204 personas.
La GAO reveló que el Ejército y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pagaron al menos 11,5 millones de dólares entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 por alimentación, vigilancia, transporte y atención médica cuando aún no había migrantes alojados en el centro.
Los gastos continuaron incluso cuando la población detenida fue mucho menor a la prevista. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ICE desembolsó aproximadamente 7,1 millones de dólares por comidas que nunca fueron necesarias, ya que seguía pagando por una capacidad de 5.000 personas mientras el centro albergaba cerca de 1.600 migrantes.
El informe advierte que la ausencia de mecanismos para ajustar los costos a la cantidad real de detenidos podría generar pérdidas adicionales de decenas de millones de dólares en futuros contratos.
La auditoría también identificó serias deficiencias en las condiciones del centro. Cuando comenzó a recibir migrantes, Camp East Montana carecía de algunos requisitos exigidos por ICE, incluyendo cámaras de seguridad en ciertas áreas, espacios recreativos adecuados y zonas para visitas familiares, reuniones con abogados y acceso a recursos legales.
Asimismo, la GAO documentó problemas médicos. Un migrante con tuberculosis fue alojado junto a otros detenidos, mientras que personas con enfermedades como diabetes o VIH no recibieron la atención adecuada.
El informe también reportó dos muertes ocurridas en enero de 2026. En uno de los casos, la autopsia determinó que un detenido murió por asfixia y clasificó el hecho como homicidio. La empresa que administraba entonces el centro no entregó toda la documentación requerida sobre el uso de la fuerza y parte de las pruebas desapareció o fue destruida.
Ese mismo mes, otro migrante se suicidó pese a presentar factores de riesgo conocidos y permanecer sin la supervisión exigida por las normas.
