35,000 residentes permanentes en NY en riesgo por guía ilegal del USDA
Sala de Redacción | New Westchester Hispano
New York
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó hoy una coalición de 21 fiscales generales al presentar una demanda para detener a la administración Trump de cortar ilegalmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para decenas de miles de residentes permanentes legales.
James y la coalición buscan bloquear una nueva guía del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) que erróneamente declara a varios grupos de inmigrantes legales como no elegibles para asistencia alimentaria, incluyendo residentes permanentes que recibieron asilo o fueron admitidos como refugiados. Los fiscales generales advierten que esta guía impondría sanciones financieras catastróficas a los estados a menos que implementen de inmediato estas restricciones ilegales, y están instando a la corte a anular la guía antes de que cause daños permanentes.
“El vergonzoso intento del gobierno federal de quitarle comida a niños y familias continúa”, dijo la Fiscal General James.
“El USDA no tiene autoridad para excluir arbitrariamente a grupos enteros del programa SNAP, y nadie debería pasar hambre por las circunstancias de su llegada a este país. Mi oficina siempre luchará para proteger los beneficios SNAP de los estadounidenses, y haré todo lo posible para proteger a los neoyorquinos de esta política ilegal”, afirmó.
El 31 de octubre, el USDA emitió una nueva guía para las agencias estatales de SNAP describiendo cambios bajo la llamada ‘One Big Beautiful Bill’, que redujo la elegibilidad para SNAP de ciertos grupos de no ciudadanos, incluyendo refugiados, beneficiarios de asilo y otros admitidos bajo programas de protección humanitaria.
Sin embargo, el memorando fue mucho más allá de lo que el Congreso aprobó, afirmando que cualquier persona que ingresó por estas vías humanitarias permanecería permanentemente no elegible para SNAP, incluso después de convertirse en residente permanente legal.
James y la coalición enfatizan que nada en la ‘One Big Beautiful Bill’ ni en ninguna otra ley federal respalda la nueva postura del USDA. La ley federal es clara: refugiados, asilados, personas con libertad condicional humanitaria, individuos cuya deportación ha sido suspendida y otros admitidos por razones humanitarias son elegibles para SNAP una vez que obtienen su tarjeta de residencia y cumplen con los requisitos estándar del programa. El memorando del USDA intenta reescribir esas reglas, ignorando al Congreso y amenazando con cortar la asistencia alimentaria a personas que son plenamente elegibles según la ley.
Los fiscales generales argumentan que la guía del USDA también aplica incorrectamente sus propias regulaciones. Las normas federales garantizan a los estados un período de gracia de 120 días después de que se emita una nueva guía para actualizar sus sistemas sin enfrentar sanciones financieras severas. Ahora el USDA afirma que este período expiró el 1 de noviembre, apenas un día después de publicar el memorando, durante un fin de semana y en medio de un cierre federal. Esta interpretación es imposible de implementar bajo las regulaciones del USDA, y los fiscales generales sostienen que hace que la guía sea ilegal desde el inicio.
Los estados ya comenzaron a implementar los cambios legales aprobados a principios de este año, pero la directiva abrupta e incorrecta del USDA ahora los obliga a rehacer sus sistemas de elegibilidad de la noche a la mañana. James y la coalición advierten que esta directiva amenaza con desestabilizar SNAP a nivel nacional, aumentar el riesgo de cancelaciones erróneas y crear confusión y desconfianza generalizada entre las familias que dependen del programa.
Aún más alarmante, bajo el esquema de sanciones de la ‘One Big Beautiful Bill’, la interpretación del USDA podría imponer multas tan extremas que algunos estados advierten que podrían verse obligados a cerrar sus programas SNAP por completo, un resultado desastroso que dejaría a millones de estadounidenses sin acceso al programa contra el hambre más esencial del país.
Solo en Nueva York, cumplir con la guía ilegal del USDA obligaría al estado a cortar beneficios SNAP a hasta 35,000 residentes permanentes legales, dejando a familias sin comida y empujando a miles a una crisis inmediata.
La pérdida repentina de beneficios profundizaría la dificultad en todo el estado y pondría una presión monumental sobre otros programas de asistencia alimentaria y redes de seguridad. Además, la directiva inexacta y de último minuto del USDA expone a Nueva York a sanciones financieras asombrosas. Bajo el nuevo esquema draconiano de sanciones, Nueva York podría enfrentar multas de hasta $1.2 mil millones, imponiendo una presión catastrófica sobre el programa SNAP estatal y drenando recursos de otros servicios esenciales.
La semana pasada, James y otros 20 fiscales generales pidieron formalmente a la administración federal que retirara y corrigiera el memorando. El USDA no respondió. Con la demanda presentada hoy, los fiscales generales piden a la corte que anule la guía ilegal y bloquee su implementación para garantizar que las familias no pierdan asistencia alimentaria crítica.
Se unieron a la Fiscal General James en esta demanda los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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