Fin de cierre administrativo a 350 mil casos

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La orden del Fiscal General de EEUU afectará a miles de inmigrantes con casos de deportación

La abogada Gergana Genova, con oficinas en Port Chester, explica el impacto del Fiscal General que finaliza la opción de los jueces de inmigración al cierre administrativo de un caso.

Tras alterar décadas de práctica en el tribunal de inmigración y ejercer una enorme presión sobre un sistema judicial de inmigración sobrecargado, el Fiscal General Jeff Sessions emitió una decisión en un caso de inmigración, el jueves anterior, que declara que los jueces de inmigración no tienen autoridad general para cerrar casos administrativamente. La decisión se aplica en todo el país, aunque se espera que esta sea impugnada en los tribunales federales en casos individuales.

El 17 de mayo de 2018, en cuestión de CASTRO-TUM, el Fiscal General emitió una decisión según la cual sostuvo que los jueces de Inmigración y la Junta no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración por cierre administrativo.

Según explicó la abogada de inmigración, Gergana Genova, con oficinas en Port Chester, Sessions interpretó la legislación 8 C.F.R. § 1240.1 (a) (1), que autoriza a los jueces de inmigración a tomar medidas que “pueden ser apropiadas” en los procedimientos de deportación, y la ley 8 C.F.R. § 1240.1 (c), que autoriza a los jueces de inmigración a “regular de otra manera el curso de la audiencia”, y concluyó de que ambas leyes no implican una autoridad para ordenar suspensiones indefinidas.

Además, de acuerdo con esta decisión, las reglamentaciones que facultan al Juez Principal de Inmigración a gestionar los expedientes no otorgan ninguna autoridad expresa para cerrar administrativamente los casos, y no pueden interpretarse de forma razonable que deleguen implícitamente dicha autoridad.

Qué es el Cierre Administrativo

-Aviso-

Según explicó la abogada Genova, se trata de un mecanismo para sacar un caso de eliminación del calendario de la corte sin hacer una concesión formal o denegación de alivio. Lo que significa el cierre administrativo es que el caso técnicamente aún existe; sin embargo, no es un caso activo en el calendario de la corte. Para volver a colocarlo en el calendario, el abogado del demandado o el abogado del gobierno deben presentar una moción ante la Corte para “recalendarizar” el caso.

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Los jueces de inmigración han usado el cierre administrativo por muchas razones, pero principalmente para preservar los recursos judiciales y también para ser justos con los inmigrantes.

Ciertos inmigrantes tienen casos pendientes en otros tribunales u otras agencias gubernamentales, que tardan mucho tiempo en adjudicarse. Por ejemplo, una solicitud especial de inmigrante juvenil para un solicitante de Centroamérica demora 2 años para la disponibilidad de visa. Los jueces podrían técnicamente cerrar el caso de expulsión administrativa para permitir que la disponibilidad de visa esté actualizada.

La abogada dijo que en esta decisión, el Fiscal General sostiene que los jueces de Inmigración en vez de cerrar administrativamente los casos deberían “continuar” con ellos o, en otras palabras, extender el tiempo que toma el caso estableciendo nuevas fechas para las audiencias en el futuro.

Sin embargo, mi experiencia personal es que una vez que un caso está programado para una audiencia, ciertos jueces de inmigración no favorecen la continuación del caso. Y, por lo tanto, al celebrar una audiencia de méritos en lugar de continuar o cerrar administrativamente, el inmigrante en proceso perderá la posibilidad de contar con defensas que podrían haber estado disponibles si tuvieran más tiempo para buscarlas.

Se estima que más de 350,000 casos fueron cerrados administrativamente, se desconoce cuántos de ellos estaban en Nueva York. Para los casos que ya han sido cerrados administrativamente sería extremadamente difícil volver a ponerlos en el calendario. Eso significa que un fiscal tendrá que comenzar a presentar mociones para recalendar los casos.

No tener cierre administrativo como una herramienta en los procedimientos de deportación probablemente ponga en peligro a los inmigrantes en el futuro porque los jueces de inmigración no les permitirán la oportunidad de presentar solicitudes pendientes ante otras instituciones.

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Sala de Redacción/WestchesterHispano
Publicado el 02 de Junio 2018

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