La exjueza Lissette Fernández continúa con una demanda federal en la que alega represalias tras denunciar a un excolega
Jeffrey Merchan | Westchester Hispano | Colaborador
El Concejo Municipal de Peekskill nombró el lunes (9 de marzo) a la abogada April McKenzie para desempeñarse como jueza asistente a tiempo parcial del Tribunal Municipal de la ciudad, cubriendo una vacante mientras continúa en la corte federal una disputa legal relacionada con la exjueza del tribunal.
McKenzie fue designada para un período de seis años que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031. Según documentos de la ciudad, está autorizada para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York y mantiene su principal lugar de trabajo en la ciudad de Peekskill. Anteriormente se desempeñó como abogada asociada senior del Legal Aid Society del condado de Westchester, antes de convertirse en abogada del tribunal en Peekskill en abril de 2025.
Su nombramiento cubre el puesto que anteriormente ocupaba la exjueza a tiempo parcial del Tribunal Municipal, Lissette Fernandez, cuyo mandato finalizó el 31 de diciembre de 2025.
Fernández, ciudadana estadounidense naturalizada nacida en Ecuador, actualmente está demandando a la Ciudad de Peekskill en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ella alega que funcionarios de la ciudad tomaron represalias contra ella después de que presentara una denuncia que llevó a la renuncia del exjuez del Tribunal Municipal Reginald Johnson.
Alegaciones de acoso
Según la demanda, Fernández afirma que experimentó acoso sexual y un ambiente laboral hostil por parte de Johnson casi inmediatamente después de conocerse a principios de 2020, poco antes de que ella se incorporara oficialmente al Tribunal Municipal de Peekskill.
La querella describe varios incidentes presuntos, incluidos correos electrónicos que Johnson envió poco después de conocer a Fernández y a otra jueza durante un evento público en enero de 2020. En uno de los mensajes, Johnson sugirió que ambas juezas deberían invitarlo a cenar “para conocerme mejor”, y bromeó sobre tener un “costoso gusto por los mariscos”.
Los abogados de Fernández afirman que ella no respondió a esos mensajes y que posteriormente enfrentó otros comentarios y comportamientos que consideró inapropiados.
Durante una sesión judicial en febrero de 2020, cuando Fernández estaba observando a Johnson en el estrado, la demanda sostiene que él se inclinó hacia ella y le susurró:
“you go girl, show them that hot Latina attitude” (“vamos chica, muéstrales esa actitud latina ardiente”), después de que ella reprendiera a un abogado en la corte.
Fernández presentó formalmente una queja ante la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York el 15 de diciembre de 2021. La denuncia acusaba a Johnson de discriminación de género, crear un ambiente laboral hostil y manipular indebidamente multas de tránsito para conocidos. Seis declaraciones de empleados del tribunal acompañaron la presentación.
Johnson anunció públicamente su renuncia al cargo en septiembre de 2024, dejando más de nueve años restantes de su mandato. Negó las acusaciones, pero aceptó no volver a postularse para un cargo judicial.
Días después, la Comisión de Conducta Judicial emitió un comunicado confirmando la renuncia y señalando que Johnson no había cumplido con los estándares requeridos para los jueces. La comisión también indicó que, al menos en una ocasión, había tocado o acariciado el brazo de su colega jueza sin invitación ni permiso.
Pasada por alto para un ascenso
Tras la salida de Johnson, la ciudad inició la búsqueda de un reemplazo para el cargo de juez a tiempo completo del Tribunal Municipal.
Fernandez solicitó el puesto el 27 de septiembre de 2024. De acuerdo con la carta municipal, el Concejo Municipal es responsable de nombrar a los jueces del Tribunal Municipal.
El concejo seleccionó inicialmente a la abogada Lisa Daley para el puesto en noviembre de 2024, pero Daley rechazó la oferta. Posteriormente, el concejo nombró a Sophia Trott, quien juró como jueza a tiempo completo el 9 de diciembre de 2024.
Fernandez alega en su demanda que tanto Daley como Trott estaban menos calificadas que ella, citando su propia experiencia en el estrado y en derecho penal, así como su vínculo con Peekskill. Sus abogados argumentan que la decisión de la ciudad fue una represalia por su denuncia contra Johnson.
La demanda, presentada el 27 de mayo de 2025, solicitaba inicialmente daños y perjuicios, honorarios legales y otras reparaciones, incluida la promoción al cargo de jueza a tiempo completo.
Disputa por la renovación del cargo
Fernández también afirma que la ciudad volvió a tomar represalias al no renovarle su puesto a tiempo parcial cuando su mandato expiró a finales de 2025.
En febrero de 2026, sus abogados solicitaron al tribunal permiso para presentar una segunda demanda enmendada, agregando un nuevo reclamo de represalia relacionado con la decisión de la ciudad de dejar expirar su mandato y abrir el puesto a nuevos solicitantes.
A Fernández se le permitió entrevistar para el cargo, pero ella afirma que fue “nada más que un gesto vacío”.
Los abogados de la Ciudad de Peekskill inicialmente se opusieron a la solicitud, argumentando que el reclamo era prematuro porque la ciudad aún no había nombrado formalmente a un nuevo juez a tiempo parcial. También señalaron que el proceso de contratación de 2026 involucraba a un Concejo Municipal recién compuesto, distinto del que tomó la decisión anterior sobre el puesto a tiempo completo.
Sin embargo, a principios de marzo, las partes informaron al tribunal que la ciudad había consentido que Fernández presentara la demanda enmendada.
Ambas partes han recibido una extensión de 90 días del período de descubrimiento de pruebas, para permitir el intercambio adicional de documentos y declaraciones relacionadas con el nuevo reclamo.
El juez federal Kenneth M. Karas preside el caso, mientras que la jueza magistrada Judith C. McCarthy se encarga de los asuntos previos al juicio. Una conferencia telefónica entre las partes está programada para el 20 de abril.
La trayectoria de Fernández en Peekskill
Fernandez emigró a Peekskill desde Quito, Ecuador, a los siete años y creció enfrentando los desafíos de la vida como una de las pocas niñas latinas en la comunidad. Después de aprender inglés rápidamente y desarrollar amor por la lectura en la biblioteca local, comenzó a interesarse por el derecho en su adolescencia al descubrir cómo los abogados buscan justicia para las víctimas del crimen.
Estudió en Iona College (actualmente Iona University) y posteriormente en Seton Hall Law School. Fernandez inició su carrera legal como asistente legal y más tarde trabajó como fiscal adjunta en el Bronx, procesando casos de violencia doméstica y delitos sexuales.
Posteriormente se desempeñó como asistente de la fiscal general de Nueva York en la Unidad de Control de Fraude de Medicaid antes de abrir su propio bufete de inmigración en Peekskill en 2015, enfocado en ayudar a inmigrantes —especialmente residentes hispanohablantes— a navegar el sistema legal.
En 2020, Fernández se convirtió en la primera latina nombrada al estrado del Tribunal Municipal de Peekskill, aportando sus habilidades bilingües y su compromiso con el acceso a la justicia en su ciudad.
Ahora que su mandato ha finalizado, se espera que continúe ejerciendo derecho de inmigración en Peekskill.
En su demanda original, Fernández solicitó su promoción al cargo de jueza a tiempo completo y posteriormente su reelección al puesto a tiempo parcial. Al no haberse concretado ninguno de estos resultados, el caso podría exponer a la Ciudad de Peekskill a una mayor responsabilidad financiera.
Tanto la Ciudad de Peekskill como Fernández declinaron hacer comentarios cuando fueron contactadas por Westchester Hispano.
Publicado 12 de marzo del 2026
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