Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó hoy una coalición de 15 fiscales generales que instan a los líderes del Congreso a apoyar una prohibición de la especulación de precios a nivel nacional. Si bien más de 40 estados prohíben la especulación de precios, no existe una ley federal que impida a las empresas aumentar los precios para aumentar sus ganancias en productos esenciales durante una emergencia.
En una carta a los líderes del Congreso, la fiscal general James y la coalición argumentaron que una prohibición nacional a la especulación de precios daría al gobierno federal el poder de acabar con la especulación de precios que no puede detener un solo estado, y permitiría a los estados y al gobierno federal trabajar juntos para detener la especulación de precios ilegal en las cadenas de suministro nacionales.
“Las empresas nunca deberían poder aumentar los precios durante una emergencia solo para aumentar sus ganancias”, dijo James.
“Cuando las empresas se aprovechan de grandes interrupciones y aumentan los precios de los alimentos y los suministros de los que dependen los neoyorquinos, mi oficina las hace responsables, devolviendo a las personas su dinero y protegiendo sus billeteras. Nuestro gobierno federal debería tener el mismo poder para proteger a los estadounidenses cuando ocurre un desastre y detener la especulación con los precios a nivel nacional que amenaza tanto a las familias trabajadoras como a las pequeñas empresas”, explicó la fiscal de Nueva York.
Las prohibiciones a la especulación con los precios permiten a las empresas aumentar los precios para cubrir los costos, pero les impiden aumentarlos aún más con el único fin de aumentar sus ganancias durante una emergencia.
La fiscal general James y la coalición argumentan en su carta que prohibir la especulación con los precios beneficia tanto a los consumidores como a las empresas.
En primer lugar, fomenta la producción muy necesaria en momentos críticos al permitir que las empresas ganen más dinero vendiendo más productos, en lugar de aumentando los precios.
En segundo lugar, evita que las empresas corran el riesgo de sufrir daños a largo plazo y daños a su reputación por reaccionar exageradamente en una emergencia y fijar precios demasiado altos.
En tercer lugar, desalienta el acaparamiento en una emergencia, ya que el aumento de los precios puede incitar a los clientes a comprar en exceso. En cuarto lugar, las prohibiciones a la especulación con los precios protegen a los consumidores de los monopolistas que pueden aumentar los precios sin preocuparse por las reacciones de los consumidores o por ser socavados por un competidor.
La pandemia de COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania interrumpieron las cadenas de suministro a nivel nacional, creando oportunidades para la especulación de precios que a veces estaban fuera del alcance de los estados individuales. La fiscal general James y la coalición argumentan en su carta que una prohibición federal complementaría las medidas contra la especulación de precios de los estados para ayudar a detener la especulación de precios a nivel nacional.
Como señalan la fiscal general James y la coalición, los fiscales generales han detenido con éxito la especulación de precios a nivel estatal, lo que demuestra una clara necesidad de una aplicación nacional para complementar estos esfuerzos.
En Nueva York, James ha logrado acuerdos decisivos con empresas por aumentar ilegalmente los precios durante emergencias, incluida la pandemia de COVID-19.
En marzo y abril de 2024, distribuyó más de 9.500 latas de fórmula para bebés en Buffalo y la ciudad de Nueva York como parte de un acuerdo con Walgreens por aumentar ilegalmente los precios de la fórmula para bebés durante la escasez de 2022.
En mayo de 2023, recuperó $100.000 de Quality King por especular con los precios de los productos Lysol al comienzo de la pandemia de COVID-19. En abril de 2021, la fiscal general James obtuvo 1,2 millones de huevos para los neoyorquinos de Hillandale Farms Corporation como parte de un acuerdo que resuelve una demanda presentada por la Oficina del fiscal general (OAG) en agosto de 2020 por especular ilegalmente con los precios de los huevos en los primeros meses de la pandemia.
En marzo de 2023, James propuso nuevas reglas para proteger a los consumidores y las pequeñas empresas al facilitar que la OAG investigue y combata la especulación con los precios. A lo largo de la pandemia, durante las principales interrupciones y antes de los recientes desastres declarados, James ha emitido advertencias a los consumidores contra la especulación con los precios de los suministros esenciales.
Junto a la fiscal general James en el envío de la carta al Congreso se encuentran los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont y el Distrito de Columbia.
Publicado el 30 de Octubre, 2024
