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El Fiscal General de NY anuncia golpe a personas que cometen crimenes violando el derecho de los pacientes
Fiscal general de NY, Erick Schneiderman.
El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la acusación, detención y procesamiento de Robert H. Corrado, de 56 años, Kristina Corrado, de 32 años, de Nesconset, Nueva York, y la compañia Interline Employee Assistance Program, Inc. por participar en un sistemático esquema de sobornos, violando los derechos de los pacientes. Además de la detención, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU) presentó varias causas civiles de acción contra Robert Corrado y Kristina Corrado, Interline, y otros que buscan recibir dinero obtenido indebidamente como resultado de su conducta criminal.
“Alegamos que los acusados se involucraron en un esquema sistemático y continuo para explotar a aquellos que luchan con la falta de vivienda y el abuso de sustancias con el fin de llenar sus bolsillos”, dijo Schneiderman.
“Medicaid no puede servir como una cuenta bancaria para los criminales que no tienen en cuenta el bienestar de sus compañeros neoyorquinos. Mi oficina continuará luchando por la integridad del programa de Medicaid para asegurar que nuestros dólares de impuestos no se desperdicien”, dijo el fiscal.
En una acusación develada ayer en el Tribunal Supremo del Condado de Queens y los documentos presentados en el Tribunal Supremo de Queens, los Fiscales alegan que los Corrados e Interline participaron en un plan ilegal de sobornos por el cual Robert Corrado, Director Ejecutivo de Interline, un programa de tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias, y propietario de varias casas de rehabilitacion ubicadas en Queens y Brooklyn, proporcionó viviendas por debajo de la renta del mercado a clientes desamparados a condición de que los clientes asistieran a tratamiento en Interline y en ningún otro lugar.
Robert Corrado e Interline, a su vez, recibieron el pago de Medicaid por reclamos de tratamiento de abuso de sustancias basado en este acuerdo de sobornos.
Los centros de rehabilitación de Interline, según los fiscales, están ubicadas en Queens y Brooklyn y son administradas por Kristina Corrado, la hija de Robert Corrado, en las oficinas de Interline, donde supervisó la asistencia de residentes de “Care House” en el programa ambulatorio de Interline.
La duplicidad de personal y operaciones entre el programa de tratamiento ambulatorio de Interline y sus casas de cuidado creó un programa de tratamiento residencial de facto, que ninguna de las dos entidades tiene licencia para operar. Bajo la ley de Higiene Mental de Nueva York, es un crimen operar un programa de tratamiento residencial sin licencia. El requisito de que los residentes de Care House deben recibir tratamiento en Interline les privó de su libertad fundamental de elección en la atención médica en violación de numerosas leyes estatales, incluyendo la Declaración de Derechos del Paciente.
Robert Corrado y Interline fueron acusados de Gran Robo en el Primer Grado, un delito de clase B. Robert Corrado y Interline junto con Kristina Corrado fueron acusados además de violar la Ley de Servicios Sociales que prohíbe el pago de sobornos relacionados con la prestación de servicios bajo el programa estatal Medicaid, un delito de clase E. Interline también fue acusada de tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito de clase E, y violar la Ley de Higiene Mental del Estado que prohíbe la operación de un programa de tratamiento residencial sin el certificado operacional apropiado, un delito menor de Clase A.
- EL DATO
- El Fiscal General presentó una demanda civil contra Interline, Robert Corrado, Kristina Corrado y Kim Corrado, quien es la esposa de Robert Corrado.
- La denuncia, que afirma violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, Sección 145-b de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York y otras causas de acción, busca recuperar millones de dólares de dinero de Medicaid obtenido por estos acusados como resultado de su conducta fraudulenta.
- Aunque Kim Corrado no ha sido acusada criminalmente, aparece en declaraciones estatales como la única propietaria de Interline, y la demanda civil alega que ella, al igual que los acusados criminales, obtuvo beneficios financieros sustanciales del fraude.
Sala de Redacción/Westchester Hispano
Publicado el 17 de Junio 2017
