La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó el martes la decisión del gobierno del Donald Trump de aumentar radicalmente las deportaciones expeditas.
Su argumento es que estas deportaciones son una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones, como la expulsión de ciudadanos estadounidenses.
La ACLU presentó una demanda federal en Washington, D.C. a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida.
El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez.
Previamente, la “deportación expedita” se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de dos semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de dos años en Estados Unidos.
ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal y dijo que durante la política inicial se deportó a ciudadanos y ampliarla propiciará más equivocaciones.
La demanda está dirigida contra diversas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional.