Detenciones inesperadas, retornos forzados y decisiones límite: el otro lado del sueño migrante cuando la vida en EE. UU. se rompe de golpe
Ariana Almeida-Martínez | Westchester Hispano | Colaboradora
Entre detenciones inesperadas, salidas voluntarias y regresos planificados, tres historias muestran lo que ocurre cuando la migración se convierte en un punto de quiebre: reconstruir la vida desde el país que se dejó… o desde el que se vuelve a encontrar.
Parecía una cita más en inmigración. Era sábado, 4 de enero de este año. Nada parecía sospechoso para Jefferson Sigcha, quien vivió en Ossining, Spring Valley y Haverstraw. No había motivos para pensar que sus horas en Estados Unidos estaban contadas. Había pasado por entrevistas similares, revisiones periódicas y controles que ya formaban parte de la rutina de su vida en el país. Incluso su orden de deportación tenía una fecha de salida programada para finales de febrero. Todavía había tiempo —o eso creía— para organizar lo que quedaba pendiente, dejar todo en orden y preparar a la familia.
Pero al cruzar la puerta de una oficina en Federal Plaza (Manhattan), todo cambió. “Nos dijeron que ya no podíamos salir”, recuerda. No hubo explicaciones ni margen para negociar. La decisión cayó de golpe sobre él y su familia.
Su esposa lo entendió antes de que él mismo pudiera procesarlo. Empezó a llorar. Los tres niños se quedaron en silencio. Jefferson trató de mantener la calma, como si pudiera sostener también la realidad que se desarmaba frente a ellos. Afuera, insistía, tenía parqueado su auto. Nada importó para las autoridades migratorias. Le permitieron avisar a una prima para que se encargara del vehículo. Desde ese momento —aunque sin esposas ni violencia— dejaron de tener libertad.
Hoy lo cuenta desde el sur del continente, desde Quito, la capital de Ecuador, a unas 2,800 millas de Nueva York. Lo hace con resignación, pero también con fe. “Yo creo en Dios y sé que vendrán días mejores”, dice, como quien intenta convencerse a sí mismo. Un sentimiento ambivalente lo invade al estar en su tierra: la felicidad de compartir con los suyos, el abrazo de su madre y el cafecito con los tíos, y del otro lado, el miedo de vivir en uno de los países más violentos del continente (según InSight Crime), la falta de oportunidades para sus hijos y la necesidad de adaptarse a una vida distinta a la que se había acostumbrado.
Lo que ocurrió con Jefferson se ha vuelto común. En 2025, Estados Unidos deportó aproximadamente más de 440,000 personas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional y reportes compilados por medios internacionales como El País. Paralelamente, las detenciones migratorias aumentaron de forma sostenida en varias regiones del país.
En Nueva York, el incremento ha sido especialmente visible. Durante los primeros meses de 2025, se reportaron cerca de 2,800 detenciones migratorias, una cifra muy superior a la del año anterior, cuando apenas superaban las 500 en el mismo periodo.
En el área metropolitana de Nueva York —incluyendo el Valle del Hudson— los arrestos habrían mostrado incrementos sostenidos en los últimos años, con variaciones que en algunos periodos reflejan aumentos significativos respecto a años anteriores.
Pero más allá de las cifras, están las historias de miles de personas que regresan a sus países y se enfrentan a una vida después de la deportación.
Jefferson dice que la suya, por fortuna, no fue violenta. Después de la notificación, fueron trasladados a un hotel. No hubo gritos ni malos tratos. Pero tampoco estaban libres. La vigilancia era constante. No podían moverse sin supervisión. Mujeres en una habitación, hombres en otra. “Dormíamos en una cama y ellos (personal de migración) en otra”, explica. “No nos dejaban solos en ningún momento”.
En algún punto del proceso, alguien les dijo que no eran agentes de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Pero la sensación era otra. No necesitaban uniformes para imponer el control.
El hotel, recuerda, estaba cerca del aeropuerto de La Guardia. La salida al día siguiente era inminente. Primero fueron trasladados a Houston. Luego a Ecuador. Ese país que habían dejado en 2023 volvía a ser su destino, pero ya no como elección.
Readaptarse fue complejo. Un cambio abrupto de estilo de vida. La escuela no se parecía a la que estaban acostumbrados. “Cuando llegamos al aula con mi hijo de 5 años, me miró y preguntó por qué lo había traído aquí. A los tres días ya se adaptó”, señala Jefferson. La diferencia era abismal en aspectos tecnológicos y de infraestructura.
Pero más allá de qué tan bonita sea la escuela, el problema son las trabas que las autoridades educativas ponen a los estudiantes que buscan la reinserción tras la deportación. “Mi hija (16 años) no ha podido continuar con sus clases. Primero le dieron un cupo en un colegio; incluso compramos los uniformes, y luego nos informaron que no pertenecía allí. No hemos podido solucionarlo”, dice.
En cuanto al trabajo, la migración le dejó a Jefferson una ventaja. “Aprendí mucho. En Estados Unidos hay mucha tecnología en la construcción. He podido conseguir trabajo porque tengo experiencia en eso. Me han llamado de algunas obras”. Otra fuente de ingresos para Jefferson es el emprendimiento familiar que ha montado con su esposa: una maquila de ropa.
Sobre volver a Estados Unidos, tiene dudas. La promesa de un perdón en 10 años y la supuesta “garantía” de obtener una visa lo dejan pensando. “Por el momento quiero trabajar y seguir adelante. Yo no me rindo y ese es el ejemplo que quiero darles a mis hijos”.
Aquí o allá, todo por la familia
Braulio (quien prefiere omitir su apellido por seguridad) no corrió con la misma suerte. Fue detenido mientras trabajaba junto a sus compañeros. “Estábamos poniendo el techo de una casa”, precisa. Lo pusieron contra el suelo y se lo llevaron detenido. Su esposa no supo nada de él hasta días después, cuando fue trasladado a Texas. Allí permaneció encerrado por seis semanas y luego fue puesto en un avión con destino a Centroamérica. Prefiere omitir su país de origen por temor. Su familia aún está en Estados Unidos. “No nos trataban bien. No solo por las incomodidades, sino por la incertidumbre”, aclara el inmigrante que vivía en Peekskill.
En su tierra se sintió acogido por los suyos. Sus padres lamentaron su situación, pero le acomodaron un espacio en su casa hasta que se estabilizara. “Es difícil volver a empezar. En nuestros países no siempre hay trabajo o se gana poco”, explica.
Por el momento, no está seguro de sus próximos pasos. A veces piensa que su esposa y sus hijos deberían reunirse con él en su país; otras veces, considera volver a intentar cruzar la frontera hacia el país de las oportunidades. “Yo no soy un criminal. Soy un hombre trabajador. Aquí o allá, solo quiero sacar adelante a mi familia”.
De acuerdo con análisis de bases de datos migratorias y reportes del Transaction Records Access Clearinghouse (TRAC), aproximadamente 73% de las personas detenidas por ICE en Estados Unidos no tenían condenas criminales.
En Nueva York, investigaciones del Deportation Data Project han señalado que hasta 6 de cada 10 personas detenidas no tienen antecedentes penales.
Organizaciones de derechos humanos advierten que este patrón no responde únicamente a seguridad pública. “Estamos viendo un sistema que amplía detenciones más rápido de lo que puede resolver casos”, han señalado colectivos como Detention Watch Network.
Regresar no siempre significa lo mismo
La historia de Catalina no tiene la urgencia de una detención ni el quiebre repentino de una orden migratoria. Su regreso se parece más a una decisión construida con tiempo, con cálculo y con estrategia.
Después de casi veinte años fuera, volver no fue una obligación, sino un proyecto. “Nosotros no queríamos llegar a empezar de cero”, explica. “Queríamos llegar con algo ya armado”.
Antes del retorno voluntario, la madre mexicana que residió en Shrub Oak, hizo lo que en la mayoría de las historias migrantes ocurre al revés: primero estabilizó ingresos, luego definió inversiones y solo después tomó la decisión de volver. La transición fue planificada. Y, aun así, el contraste es evidente.
El vuelo de Catalina salió de Nueva York en marzo pasado. Antes del abordaje, estaba nerviosa. Veía agentes de ICE por todos lados. Temía que algo no se diera como lo había planeado. Por suerte, todo salió bien y horas más tarde aterrizó en México. En su pueblo, todo lucía distinto: las calles, las tiendas y la gente. Aun así, estaba emocionada de estar en casa y, sobre todo, de reunirse con sus hijos. Los niños, nacidos en Estados Unidos, se mudaron a México un año antes. Las estrictas políticas migratorias motivaron a la familia a tomar esa decisión.
Hoy, la vida le suena diferente. Se acabaron las prisas, las horas interminables de trabajo y la montaña de facturas. Pero lo más importante: estar con familia. “Yo quiero estar tranquila. Quiero ver crecer a mis hijos, estar con mi mamá, no correr todos los días”, dice.
Sobre su futuro, Catalina asegura que no hay nada escrito. Por lo pronto, está enfocada en su hogar y en su negocio propio. “Allá el estrés es constante”, dice. “Aquí, si tienes un plan, puedes vivir con más calma”.
El Departmento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) sostiene que entre 1.6 y 2.2 millones de personas han abandonado voluntariamente Estados Unidos desde 2025, una categoría que incluye tanto salidas registradas como estimaciones indirectas.
Existe además otra dimensión del fenómeno: entre enero y julio de 2025, apenas 6,118 personas recibieron una orden formal de salida voluntaria, según reportes de política pública, mientras que análisis periodísticos de CBS News indican que hasta el 38% de los migrantes detenidos optaron por irse por su cuenta dentro del sistema de detención.
Las cifras, aun cuando existen, no logran cerrarse en un solo relato. Y quizás ahí está el punto ciego de todo conteo: que ninguna cifra alcanza a explicar la incertidumbre de si este será o no el último día en el país de las oportunidades.
Publicado el 24 de Abril de 2026
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