Sala de Redacción | Westchester Hispano
Nueva York
Varios grupos que defienden los defensores de los derechos de los inmigrantes anunciaron que este miércoles han presentado una demanda contra la administración Trump, por su orden ejecutiva que busca despojar a ciertos bebés nacidos en los Estados Unidos de su ciudadanía estadounidense.
El caso fue presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones con miembros a cuyos bebés nacidos en suelo estadounidense se les negará la ciudadanía en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York.
La demanda judicial acusa a la administración Trump de violar los dictados de la Constitución, la intención del Congreso y el precedente de larga data de la Corte Suprema.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no sólo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses. La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidenses. No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos”, dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Según explicó la organización, “la ciudadanía por derecho de nacimiento es el principio de que todo bebé nacido en Estados Unidos es ciudadano estadounidense. La 14.ª Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos (con la excepción extremadamente limitada de los hijos de diplomáticos extranjeros), independientemente de su raza, color o ascendencia. En concreto, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La 14ª Enmienda fue ratificada en 1868, revocando la decisión Dred Scott que negaba a los afroamericanos los derechos y las protecciones de la ciudadanía estadounidense. En 1898, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó en Estados Unidos v. Wong Kim Ark que los niños nacidos en los Estados Unidos de padres inmigrantes tenían derecho a la ciudadanía estadounidense, y el principio ha permanecido como una piedra angular constitucional inalterada durante más de un siglo.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada en nuestra Constitución y es absolutamente central para lo que representa Estados Unidos”, dijo Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso. “Negar la ciudadanía a los bebés nacidos en suelo estadounidense es ilegal, profundamente cruel y contrario a nuestros valores como país”.
Muchas parejas embarazadas en todo Estados Unidos ahora temen lo que les sucederá a sus recién nacidos. Una de las parejas afectadas por esta demanda son miembros de New Hampshire Indonesian Community Support. Llegaron en 2023, solicitaron asilo y su solicitud está pendiente de revisión. La futura mamá está en su tercer trimestre. Según esta orden ejecutiva, su bebé sería considerado un extranjero indocumentado y se le podría negar la atención médica y la nutrición básicas, lo que pondría al recién nacido en grave riesgo en una etapa tan vulnerable de la vida.
Las organizaciones que presentaron la demanda, explicaron que “estos niños tampoco podrían obtener la identificación requerida y, a medida que crezcan, se les negaría el derecho a votar, formar parte de jurados, tener ciertos trabajos y ser miembros de pleno derecho de la sociedad estadounidense, a pesar de que nacieron en los Estados Unidos y nunca han vivido en ningún otro lugar”.
Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road New York, dijo a través de un comunicado, que “la ciudadanía por derecho de nacimiento es una piedra angular de nuestra democracia. Nuestros miembros, que vienen de todo el mundo, han creado comunidades vibrantes, familias amorosas y han construido este país durante generaciones. Negar a sus hijos los mismos derechos básicos que a todos los demás niños nacidos en los Estados Unidos es una afrenta a los valores básicos de justicia, igualdad e inclusión. Estamos agradecidos por la valentía de nuestros miembros que han asumido este caso y estamos preparados para luchar junto a ellos”.
Por su parte, SangYeob Kim, abogado principal del personal de la ACLU de New Hampshire, señaló que “todo niño nacido en los Estados Unidos debe nacer con los mismos derechos que cualquier otro niño, y es por eso que la Constitución de los Estados Unidos garantiza que ningún político pueda decidir quién de los nacidos en nuestro país es digno de la ciudadanía. La orden ejecutiva de Trump se opone directamente a nuestra Constitución, valores e historia, y crearía una subclase permanente y multigeneracional de personas nacidas en los Estados Unidos pero a quienes se les niegan todos los derechos”.
La orden, explican los demandantes, “también estigmatizará y enviará un mensaje de exclusión no solo a los niños directamente afectados por la orden, sino a muchos otros que verán cuestionada su ciudadanía”.
Publicado el 22 de Enero, 2025
