En un intento de bloquear las leyes de California que amplían las protecciones a los inmigrantes indocumentados, el gobierno del presidente Donald Trump interpuso una demanda que los obligaría a cooperar con las autoridades de inmigración.
La demanda representa la medida más drástica que toma el gobierno para obligar a las ciudades y estados santuario a participar de la agenda del gobierno federal, caracterizada por un aumento de las deportaciones.
Los funcionarios de California respondieron que defenderán sus leyes.
El Departamento de Justicia argumenta que tres leyes estatales que, entre otras cosas, prohíben a la policía preguntar a las personas su condición migratoria o participar en detenciones relacionadas con inmigración son inconstitucionales e impiden a los agentes federales cumplir su trabajo. En la demanda se menciona como acusados al estado de California, al gobernadora Jerry Brown y al fiscal general Xavier Becerra.
“Pues venga”, dijo el presidente interino del Senado de California, el demócrata Kevin de Leon, que redactó la ley de estado santuario.
Es un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Trump y California, que se ha opuesto al mandatario en diversas cuestiones, como impuestos y la política sobre la marihuana, y se rehúsa a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a inmigrantes que viven sin permiso en el país.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que aumentará su presencia en California, y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, pretende que se cancele la financiación a las jurisdicciones que rehúsen cooperar.
Sala de Redacción/WestchesterHispano
Publicado el 09 de Marzo 2018
