De mantenerse fallo emitido por una corte de apelaciones en agosto, los indocumentados no podrán apelar órdenes de deportación
La protesta que lleva a cabo un grupo de madres inmigrantes centroamericanas en el centro de detención Berks, Pennsylvania, va más allá del reclamo para que sean liberadas. Decidirá el futuro inmediato de miles de indocumentados que llegaron al país, pidieron asilo y recibieron una orden de deportación después de la entrevista de miedo creíble.
El pasado 29 de agosto un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito, rechazó una demanda interpuesta, a finales de noviembre, por 28 mujeres que buscan asilo y no pasaron las primeras entrevistas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda a nombre del grupo (Caso Castro vs Department Homeland Security DHS), argumentando que las audiencias originales de “temor creíble” fueron incorrectas.
Tras revisar la demanda, la corte resolvió que las inmigrantes, debido a que habían sido detenidas horas después de haber cruzado “subrepticiamente” la frontera, no tenían derecho a demandar las órdenes de deportación.
La ACLU dice que si la decisión se mantiene, será la primera vez en la historia que personas dentro del territorio de Estados Unidos no podrán apelar sus casos de deportación.
“Vamos a apelar esta decisión que es contraria a siglos de casos de la Corte Suprema que dicen que las personas que no son ciudadanos pero que están presentes en los Estados Unidos, tienen el derecho de ir a una corte para disputar su deportación”, dijo Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU-Pennsylvania.
“Cuando una persona pisa territorio estadounidense tiene ciertos derechos. No son todos los de un ciudadano pero sí tiene ciertos derechos otorgados por la Constitución”, dice Bridget Cambria, abogada de las detenidas en Berks. “Tales derechos pueden ser suspendidos solo en circunstancias excepcionales, por ejemplo en tiempos de guerra. La Corte Suprema ha fallado que hasta los prisioneros de Guantánamo cuentan con este derecho para desafiar la legalidad de su encarcelamiento. Este mismo derecho se le está negando a madres y niños vulnerables que buscan asilo en nuestro país y que no han tenido una oportunidad realmente justa de presentar sus casos”, indica.
Las 28 demandantes son madres de familia en el centro familiar de detención de ICE en Berks, Pennsylvania. Las acompañan sus hijos de entre 2 y 16 años de edad. Advierten que si son deportadas podrían ser asesinadas en sus países de origen.
Recurso de Revisión
ACLU pedirá al tribunal que escuche nuevamente el caso, pero esta vez la corte en su totalidad. La apelación evitará sentar un precedente nefasto que puede afectar el futuro de miles de indocumentados.
Sala de Redacción/Westchester Hispano
Publicado el 10 de Septiembre, 2016
