El oro que envenena los ríos y alimenta las economías ilegales

Foto: contribuida.
Este artículo fue publicado originalmente por New York Hispano
Por Mario Vallejo | New York Hispano | Colaborador
Perú
La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana es analizada desde tres perspectivas: la responsabilidad política y las fallas del Estado, los impactos ambientales y sanitarios, y el avance de las economías criminales sobre los territorios indígenas. Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente; Pedro Tipula, del Instituto del Bien Común (IBC); y Nicole Moreno Flores, jefa de Proyectos de RAISG en el área de Monitoreo de los Bienes Comunes del IBC, examinan las causas de esta expansión, sus consecuencias para las comunidades y los desafíos para frenar un negocio que amenaza los bosques, contamina los ríos y pone a prueba la capacidad de las instituciones.
La minería ilegal amazónica no es, por tanto, solo una cuestión ambiental. Es también un problema de salud pública, derechos territoriales, seguridad y capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Detrás de las dragas opera una economía multimillonaria que va mucho más allá de quienes extraen el mineral: involucra financistas, proveedores y redes de comercialización que desafían al gobierno peruano.
Los datos ayudan a dimensionar el fenómeno. El programa de monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reportó que, hasta mediados de 2025, la deforestación asociada a la minería aurífera alcanzó 139.169 hectáreas en el Perú. Madre de Dios concentraba el 97,5 % de esa superficie registrada. El monitoreo identificó actividad minera en nueve regiones amazónicas: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.
La cifra corresponde a la deforestación vinculada específicamente a la minería de oro identificada por ese monitoreo, no a toda la pérdida de bosques del país. Su dimensión, sin embargo, permite comprender la magnitud de una actividad que transforma paisajes y presiona ecosistemas de los que dependen miles de personas.
La geografía del problema está cambiando. Madre de Dios continúa siendo el principal foco de deforestación minera, pero la extracción sobre los ríos adquiere cada vez mayor importancia en el norte amazónico.
Un informe de MAAP publicado en agosto de 2026 registró 1.518 detecciones de dragas mineras en los ríos de Loreto durante el periodo 2017-2026. De ese registro histórico, 704 correspondían a detecciones de 2025 y hasta junio de 2026. La presencia de dragas se extendía a 13 ríos de la región, entre ellos el Nanay, Marañón, Putumayo, Napo, Tigre y Mazán.
Es importante precisar que se trata de registros acumulados, obtenidos mediante interpretación de imágenes satelitales de alta resolución y reportes de instituciones, y no de un conteo de máquinas operando simultáneamente.
El río Nanay concentra una de las señales más preocupantes. Entre 2021 y junio de 2026, el monitoreo registró 1.076 detecciones históricas de dragas en distintos sectores de ese río. Para el periodo 2025-2026 se identificaron 421 registros, frente a 301 en 2024 y 221 en 2023. El informe también documentó pérdida de cobertura forestal en zonas ribereñas y la expansión de la actividad hacia nuevos sectores.
Estas cifras revelan que el problema ya no puede entenderse únicamente desde la deforestación terrestre de Madre de Dios. La minería fluvial abre otro frente, con impactos directos sobre el agua, los recursos pesqueros y las poblaciones que dependen de los ríos.
Nicole Moreno Flores, jefa de Proyectos de RAISG en el Área de Monitoreo de los Bienes Comunes del Instituto del Bien Común (IBC), advierte que la expansión tiene varios focos. En el norte, identifica presión minera en las cuencas de los ríos Nanay, Marañón y Putumayo, en Loreto, y en los ríos Cenepa y Santiago, en Amazonas. En la zona central, señala áreas de Huánuco, particularmente en el entorno de Puerto Inca, Pachitea y Yuyapichis.
La importancia de estos lugares no se reduce a su valor ecológico. Son espacios de vida, abastecimiento, pesca y relación cultural para poblaciones que dependen de ellos. Cuando una actividad minera altera un río, el impacto puede extenderse a comunidades que no viven junto a la zona de extracción, pero que utilizan sus aguas y recursos.
Para Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente, la expansión de la minería ilegal no puede explicarse únicamente por el aumento del precio del oro o por la presencia de organizaciones criminales. También debe analizarse a partir de las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos y de la incapacidad del Estado para sostener una política integral de formalización y fiscalización.
En su reconstrucción, el problema viene de varias administraciones. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se impulsaron medidas de formalización para pequeños productores mineros. Posteriormente, durante la gestión de Alan García, se establecieron disposiciones para delimitar zonas de exclusión minera en Madre de Dios y proteger áreas ambientalmente sensibles. Bajo el gobierno de Ollanta Humala se combinaron medidas de formalización con acciones de interdicción y controles sobre insumos utilizados en la actividad ilegal.
Sin embargo, según Pulgar-Vidal, esas intervenciones no consiguieron consolidar un sistema permanente de control. La falta de continuidad política, las limitaciones de las autoridades regionales y las dificultades para fiscalizar toda la cadena productiva permitieron que la actividad siguiera expandiéndose.

Foto: contribuida.
Cuando el río deja de ser una fuente de vida
Para las comunidades amazónicas, el río no es una línea azul en un mapa. Es una vía de transporte, una fuente de alimento y agua, un espacio de encuentro y parte de una relación cultural que atraviesa generaciones.
La minería aluvial modifica esa relación. Al remover el lecho y los sedimentos, las operaciones pueden aumentar la turbidez, alterar los cursos de agua y degradar los hábitats de numerosas especies. Cuando se emplea mercurio en la extracción y recuperación del oro, existe además el riesgo de contaminación que puede incorporarse a las cadenas alimentarias.
Moreno Flores explica que el mercurio puede acumularse en los tejidos de los peces y alcanzar mayores concentraciones en determinadas especies depredadoras, situadas en niveles superiores de la cadena alimentaria. El problema no se limita a la presencia de una sustancia en el agua: puede llegar a las personas a través del consumo habitual de pescado.
La preocupación sanitaria cuenta con evidencia concreta. En junio de 2025, la Defensoría del Pueblo informó sobre resultados de una investigación realizada por el Centro de Innovación Científica Amazónica y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú en siete comunidades de Alto Nanay, Loreto. El estudio encontró que el 80 % de las 273 personas evaluadas presentaba un riesgo medio o alto por exposición al mercurio.
La investigación también analizó 534 ejemplares de pescado correspondientes a 54 especies comercializadas en mercados de Iquitos y detectó concentraciones de mercurio de hasta 1,57 miligramos por kilogramo.
Los resultados corresponden a las personas y muestras examinadas; no deben interpretarse como una medición representativa de todas las comunidades amazónicas ni de todas las especies de peces. Sí constituyen, sin embargo, una señal de alarma sobre un riesgo que requiere seguimiento médico, vigilancia ambiental y prevención.
La exposición prolongada al mercurio puede afectar el sistema nervioso, con especial preocupación por los niños y las mujeres embarazadas. Los efectos dependen de la cantidad, la forma química del mercurio, la vía de exposición y el tiempo de contacto. Por eso, la respuesta debe incluir evaluaciones sanitarias y monitoreo sistemático, no solo mediciones aisladas.
Los efectos también se extienden más allá de la salud. Según Moreno Flores, la actividad de las dragas puede ahuyentar fauna por el ruido, dificultar la pesca y afectar la caza de subsistencia. Cuando disminuyen los recursos disponibles o se vuelve inseguro utilizar el agua, la presión alcanza la economía familiar y la alimentación.
La contaminación y la degradación del río pueden transformar la vida cotidiana sin que el daño sea siempre visible a simple vista. La comunidad no necesita vivir junto a una mina para sentir sus consecuencias: basta con depender de un ecosistema afectado.

La advertencia de un exministro: el problema también está en las reglas
Para Manuel Pulgar-Vidal la expansión de la minería ilegal no puede explicarse únicamente por la presencia de mineros que incumplen la ley. Su análisis apunta a una combinación de factores legales, administrativos, políticos y económicos que, con el tiempo, crearon condiciones favorables para el crecimiento de la actividad.
La legislación peruana reconoció históricamente la pequeña minería y la minería artesanal como categorías que debían contar con un tratamiento específico. Sin embargo, explica Pulgar-Vidal, el incremento del precio del oro atrajo a operadores que comenzaron a sobrepasar los límites establecidos para esas actividades, tanto en maquinaria como en procesamiento y escala de producción.
El problema surge cuando una categoría creada para una actividad de menor escala termina funcionando como cobertura para operaciones que no corresponden a ella. La diferencia no es solo nominal: determina qué requisitos deben cumplirse, qué autoridad debe fiscalizar y qué conductas pueden ser sancionadas.
Sostiene que la regulación debe responder a la realidad de las operaciones y a sus impactos. Las consecuencias ambientales no desaparecen porque una actividad se presente como pequeña o artesanal. Si la maquinaria, el volumen de extracción o la afectación del territorio contradicen esa clasificación, la fiscalización no puede limitarse a revisar documentos.
Su segunda advertencia se refiere a la descentralización. La supervisión de la pequeña minería y la minería artesanal fue transferida a los gobiernos regionales, que debían asumir funciones de formalización y fiscalización. Pero, en su análisis, esa transferencia no estuvo acompañada de capacidades técnicas, recursos y mecanismos de control suficientes para afrontar un negocio cada vez más rentable y complejo.
La descentralización, por sí sola, no explica la expansión de la minería ilegal. El problema aparece cuando las responsabilidades se transfieren sin las herramientas necesarias para ejercerlas y cuando las autoridades encargadas de controlar una actividad carecen de capacidad efectiva para hacerlo.
A ello se suma la corrupción. Pulgar-Vidal advierte que el incumplimiento de la ley puede sostenerse tanto por acción como por omisión: mediante decisiones que favorecen a determinados operadores o por la ausencia de controles que deberían impedir que la actividad avance. En ambos casos, la falta de fiscalización puede convertirse en una ventaja para quienes operan al margen de las normas.
Su planteamiento introduce una distinción fundamental para comprender la discusión pública: minería ilegal y minería informal no son términos intercambiables.
La minería informal comprende actividades que pueden encontrarse en proceso de adecuación a las exigencias legales, siempre que cumplan las condiciones para acceder a ese proceso. La minería ilegal, en cambio, incluye operaciones que actúan fuera de los supuestos permitidos, como aquellas desarrolladas en zonas prohibidas o mediante métodos expresamente restringidos. La clasificación de cada operación depende de sus circunstancias y de la normativa aplicable.
La distinción importa porque formalizar no puede significar autorizar cualquier operación ni convertir el incumplimiento en una situación permanente. Tampoco basta con clasificar a todos los operadores de una misma manera: se requiere comprobar dónde trabajan, qué equipos utilizan, qué impactos generan y si cumplen las condiciones que establece la ley.
REINFO: una fecha de vencimiento y una nueva incertidumbre
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en uno de los principales focos de controversia. Concebido como parte de un proceso de adecuación, no reemplaza la fiscalización ni acredita por sí solo que una operación sea ambientalmente segura.
La última ampliación aprobada por el Congreso fijó la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que entrara antes en vigor la nueva legislación correspondiente. El 22 de octubre de este año, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que el REINFO concluiría al cierre de diciembre y que el Gobierno preparaba un nuevo esquema de formalización, con un plazo de 18 meses para completar requisitos.
Ese anuncio debe distinguirse de la aprobación definitiva de un nuevo régimen: el diseño normativo y sus condiciones necesitan verificarse conforme avance el proceso legislativo. La fecha anunciada, en todo caso, vuelve urgente una pregunta: ¿qué ocurrirá con los operadores que no hayan completado los requisitos y qué mecanismos impedirán que la transición reproduzca las deficiencias anteriores?
Pulgar-Vidal cuestiona las ampliaciones reiteradas porque, en su opinión, debilitan los incentivos para completar la formalización. El proceso, explica, debía abordar las condiciones ambientales, la situación de las concesiones o contratos, las mejoras técnicas, el uso de sustancias peligrosas, el control de insumos y la trazabilidad de la comercialización. La atención terminó concentrándose en el registro, sin resolver de manera suficiente el conjunto de problemas.
Pedro Tipula, del Instituto del Bien Común, también cuestiona la prolongación de un mecanismo que, a su juicio, puede favorecer la impunidad cuando no está acompañado de supervisión efectiva. Su preocupación es que la discusión política se concentre en extender plazos sin resolver las condiciones territoriales, económicas e institucionales que permiten que la minería ilegal se reproduzca.
La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la formalización. El desafío es impedir que ese proceso se convierta en una cobertura para actividades que operan en zonas prohibidas, eluden controles o continúan degradando ecosistemas sin asumir las consecuencias.
Las dragas que las imágenes revelan y el control que no llega
La expansión de la minería fluvial también plantea un problema de vigilancia. La Amazonía es extensa, las distancias son grandes y las operaciones pueden desplazarse por ríos y quebradas. La inspección presencial resulta costosa y, cuando depende únicamente de intervenciones ocasionales, puede llegar tarde.
La tecnología satelital ofrece una forma de observar cambios en el territorio, identificar infraestructura y comparar registros a lo largo del tiempo. Pero no es infalible.
Moreno Flores explica que herramientas como MapBiomas Perú permiten analizar la expansión histórica de la minería y la deforestación, aunque su resolución espacial puede dificultar la identificación de actividades pequeñas o recientes. Para mejorar la detección, se requiere combinar esa información con imágenes de mayor resolución, como las de Sentinel-2 y Planet, además de verificaciones en el terreno.
Las dragas fluviales plantean dificultades adicionales: algunas pueden no ser detectadas hasta que la actividad provoca cambios visibles en el color del agua, la turbidez o las áreas cercanas. La nubosidad también limita la observación satelital en determinados periodos.
La especialista señala otra brecha: disponer de información científica no garantiza que las instituciones públicas la incorporen de manera sistemática en sus decisiones. Los datos necesitan circular entre autoridades, investigadores y organizaciones que trabajan en el territorio. También deben traducirse en inspecciones, medidas de protección y seguimiento.
Las imágenes permiten identificar dónde se está produciendo el avance. No sustituyen, sin embargo, la investigación sobre quién financia las operaciones, quién controla los equipos, quién compra el oro ni qué redes permiten que el mineral llegue al mercado.

Una economía multimillonaria que no termina en el río
La minería ilegal no puede sostenerse únicamente con la extracción. Necesita capital para adquirir maquinaria, combustible e insumos; redes para transportar materiales; plantas de procesamiento; compradores y mecanismos para comercializar el metal.
Las cifras económicas ilustran la magnitud del desafío. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía difundidas en 2026, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron las 100 toneladas en 2025 y habrían movilizado más de 11.500 millones de dólares, un valor 55 % superior al estimado para 2024. El volumen calculado fue cercano a la cantidad de oro formal exportado por el país.
Se trata de estimaciones sobre el oro de origen ilegal, no de un registro judicial que permita atribuir responsabilidad a cada exportador o empresa. Aun con esa salvedad, las cifras muestran la dimensión económica que puede alcanzar una actividad que opera al margen de la ley.
El IPE también ha advertido sobre las limitaciones de la trazabilidad del oro y la capacidad insuficiente de las direcciones regionales de energía y minas para fiscalizar operaciones. Si el mineral puede ser procesado, comprado, transportado o exportado mediante una cadena con controles deficientes, la persecución de la extracción no desarticula necesariamente el negocio.
Ese circuito económico es central en el análisis de Pedro Tipula. Para el investigador del IBC, una estrategia eficaz debe seguir la cadena completa y no detenerse en los campamentos o las dragas. También debe identificar a quienes financian las operaciones y los mecanismos mediante los cuales el oro de origen ilegal puede ingresar a circuitos comerciales formales.
Tipula advierte que la minería y otras economías ilegales, como el cultivo de coca, pueden coincidir en determinados territorios y compartir logística, recursos o redes. Describe esta convergencia como una forma de “gobernanza criminal”: estructuras que adquieren capacidad para influir en el territorio, condicionar la vida de las comunidades y desafiar la autoridad pública.
La expresión no significa que todas las zonas mineras estén controladas por una misma organización ni que todas las actividades ilícitas mantengan idénticos vínculos. Señala un riesgo que debe investigarse con información territorial, financiera y judicial: que distintas economías ilegales aprovechen debilidades similares y terminen reforzándose entre sí.
Tipula también advierte sobre el posible ingreso de dinero ilícito en circuitos económicos y espacios políticos. Es una alerta sobre la necesidad de investigar el financiamiento, los intermediarios y las relaciones de poder, no una prueba de responsabilidad penal contra personas o instituciones específicas.
El desafío consiste en seguir el dinero con el mismo rigor con que se rastrea la deforestación. Sin trazabilidad, fiscalización financiera y controles sobre la comercialización, el oro puede cambiar de manos y de documentación mientras su origen permanece oculto.
Los territorios indígenas en la línea de fuego
La expansión minera no ocurre en un espacio vacío. Avanza sobre territorios donde viven comunidades indígenas, cuyos derechos colectivos pueden verse amenazados por la presencia de operadores, la presión sobre los recursos y la disputa por el control del suelo y los ríos.
Tipula señala que las comunidades afrontan amenazas, conflictos por la tierra y riesgos para quienes defienden sus territorios. En contextos de violencia, también pueden producirse asesinatos de líderes indígenas, trata de personas y otras formas de criminalidad. Cada caso requiere documentación e investigación propia, pero el conjunto de riesgos revela la dimensión de seguridad humana que acompaña a la expansión de las economías ilegales.
La protección territorial se complica cuando la información oficial sobre los límites de las comunidades está desactualizada o no cuenta con georreferenciación adecuada. La falta de un catastro territorial completo puede generar incertidumbre sobre los límites y dificultar la defensa de los derechos comunales.
Esa vulnerabilidad no convierte automáticamente todo conflicto territorial en consecuencia de la minería ilegal. Pero sí puede facilitar disputas y aumentar la exposición de las comunidades cuando aparecen nuevos intereses económicos.
Moreno Flores añade una dimensión cotidiana: el deterioro de los ríos puede reducir la disponibilidad de pescado y agua segura, mientras el ruido y la actividad de las dragas alteran los espacios de pesca y caza. La presión económica puede llevar a algunas personas a incorporarse a actividades ilegales cuando faltan oportunidades, lo que agrava la vulnerabilidad en lugar de resolverla.
No se trata de presentar a las comunidades como espectadoras pasivas. Su conocimiento del territorio, su capacidad de vigilancia y sus organizaciones son esenciales para detectar cambios, documentar amenazas y diseñar medidas de protección. La política pública pierde eficacia cuando toma decisiones sobre esos espacios sin incorporar a quienes viven en ellos.
Operativos sin continuidad
Las intervenciones contra la minería ilegal pueden destruir equipos, campamentos y otros medios utilizados para la extracción. Sin embargo, una operación puntual no garantiza que la actividad desaparezca del territorio. Si no existe vigilancia posterior, las redes pueden reconstruir instalaciones, trasladarse a otro río o reanudar sus actividades cuando disminuye la presencia de las autoridades.
Tipula cuestiona precisamente ese carácter reactivo. A su juicio, los operativos necesitan formar parte de una estrategia sostenida que combine fiscalización, investigación, sanciones, protección de comunidades y recuperación ambiental. También exige coordinación entre las instituciones que tienen competencias sobre minería, ambiente, seguridad, justicia y control financiero.
Pulgar-Vidal, desde su análisis del marco legal y administrativo, apunta a la necesidad de que las responsabilidades asignadas a cada nivel de gobierno estén respaldadas por capacidades reales. La existencia de una norma no asegura su cumplimiento cuando faltan personal especializado, presupuesto, supervisión y voluntad para actuar.
La corrupción, cuando existe, puede agravar cada una de esas debilidades. Pero combatirla requiere investigar hechos concretos, identificar responsabilidades y sostener procesos judiciales; no basta con invocarla como explicación general de todos los problemas.
Las medidas de control también deben distinguir entre los operadores que pueden cumplir las condiciones legales de formalización y las actividades que están prohibidas. Una política eficaz no puede ofrecer el mismo tratamiento a realidades distintas ni permitir que el registro administrativo sustituya la verificación sobre el terreno.
Lo que todavía puede evitarse
Las tres miradas convergen en un punto: no existe una respuesta única para un problema que combina extracción, contaminación, finanzas, debilidad institucional y presión sobre los territorios.
Pulgar-Vidal pone el acento en corregir las fallas del marco de formalización y fortalecer la fiscalización. Tipula reclama seguir la cadena económica, enfrentar las redes que sostienen el negocio y proteger a las comunidades expuestas. Moreno Flores insiste en aprovechar la información científica, vigilar los ríos y cuencas vulnerables, incorporar a las instituciones y trabajar con las poblaciones locales.
Las prioridades son concretas: monitoreo permanente de los ríos y la deforestación; vigilancia sanitaria y análisis periódicos de mercurio en peces y personas; fiscalización de maquinaria, insumos y plantas de procesamiento; trazabilidad del oro desde la extracción hasta la exportación; protección efectiva de los defensores territoriales; y recuperación de los ecosistemas degradados.
También se necesitan alternativas económicas sostenibles para las poblaciones que dependen de los recursos amazónicos y que enfrentan pocas oportunidades. Esas alternativas no pueden convertirse en una promesa abstracta ni justificar la tolerancia a actividades prohibidas: deben acompañarse de servicios, acceso a mercados y condiciones para que las comunidades no queden atrapadas entre la precariedad y las redes ilegales.
Moreno Flores advierte que, si la tendencia continúa, la pérdida de bosques, el deterioro de los ecosistemas acuáticos y la contaminación pueden volverse cada vez más difíciles de revertir. El riesgo es que zonas hoy consideradas nuevos frentes de expansión reproduzcan daños que ya son visibles en regiones históricamente afectadas.
La Amazonía no necesita únicamente más operativos ni nuevas declaraciones de emergencia. Necesita que la información disponible se convierta en decisiones sostenidas; que las instituciones puedan actuar y rindan cuentas; que el dinero que alimenta las operaciones sea investigado; y que los derechos de las comunidades tengan protección efectiva.
El oro extraído de los ríos puede viajar miles de kilómetros y terminar convertido en una pieza de joyería, una inversión o una reserva de valor. El sedimento removido, el bosque talado y el mercurio incorporado a la cadena alimentaria no siguen ese mismo recorrido: permanecen en el territorio y condicionan la vida de quienes dependen de él.
Esa es la desigualdad más profunda de esta fiebre: el valor del oro se desplaza; una parte del costo ambiental, sanitario y social se queda en la Amazonía.
Y mientras la extracción siga conectada a mercados capaces de absorber el mineral, sin controles suficientes sobre su origen y sin protección sostenida para los territorios afectados, perseguir solamente las dragas será combatir la superficie de un negocio que ha aprendido a moverse entre los ríos, las instituciones y la economía formal.









